Llega el momento de la verdad para Sánchez: bajar las pensiones

• Eduardo Segovia @segoviaeduardo
• Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.
• • 26/11/2022 06:45
  • Actualizado: 26/11/2022 09:30

Pedro Sánchez está tirando la casa por la ventana con medidas populistas pagadas con nuestro dinero para tratar de remontar en las encuestas: el chequevoto joven, los trenes y autobuses gratis, la bajada de retenciones, el descuento en el gas, el cheque-crianza, el alza del salario mínimo, el sueldo de los funcionarios, etc. etc. Y la subida de las pensiones con el IPC. Pero eso requiere a cambio una reforma para garantizar la sostenibilidad del sistema; es decir, bajar las pensiones.

Ese fue el compromiso alcanzado por el Gobierno con la Comisión Europea para aprobar los fondos europeos Next Generation. En concreto, alargar el período de cómputo de la pensión a 35 años desde los 25 en que lo situó el cronista deportivo Mariano Rajoy (históricamente, eran 15). ¿Eso por qué importa? Pues porque si sólo se toman los últimos años de vida laboral, suelen ser aquellos en que el trabajador gana un sueldo más alto. Si se toman 35, se incluyen también los primeros trabajos, normalmente mucho peor pagados.

De hecho, los expertos calculan que aplicar esta medida supondría una bajada media del 8,2% en la cuantía de las pensiones. Todo un sapo que, evidentemente, Sánchez no quiere comerse en plena carrera electoral. Ni Escrivá, aunque éste sí es consciente de -y le importa- la insostenibilidad del sistema y, por eso, ha lanzado avisos como aquel de que hay un problema con la jubilación de los baby boomers.

Presión de la UE y el FMI

En consecuencia, nuestro presidente lleva meses regateando a Bruselas para dar hilo a la cometa y aplazar todo lo posible la cucharada de aceite de ricino para los pensionistas. Su escenario ideal sería dejarlo para después de las elecciones: si las gana (quiero decir si puede formar mayoría), tendrá cuatro años para que se le olvide a la gente; y si las pierde, que el sapo se lo coma Feijóo.

La cuestión es si la UE se lo va a permitir. La semana pasada, la Comisión le volvió a dar un toque por el coste que supone vincular las pensiones al IPC… estando como estamos: en noviembre nos hemos gastado 21.500 millones (incluyendo la paga extra) en pensiones, el 23,1% del PIB. En un mes. Ya no es que no haya sistema de pensiones que soporte eso -por eso, el Estado le está inyectando dinero constantemente para tapar el agujero-, sino que no hay cuentas públicas que lo aguanten. Y Bruselas tiene pánico a que se repita una crisis de deuda como la de 2012.

Y no está sola. El FMI ha manifestado sus dudas esta semana sobre que la reforma de Sánchez sea suficiente para preservar la estabilidad del sistema. Sostiene que serán necesarias «medidas adicionales para contrarrestar el aumento del gasto futuro derivado de la reforma de las pensiones de 2021», y recuerda que España se ha comprometido «a introducir reformas adicionales hacia finales de 2022», lo que, subraya, «incluye ampliar el periodo de cómputo de las pensiones de jubilación y elevar la base máxima de cotización». Más claro, el agua.

La CEOE se pone dura

La presión aumenta muchísimo. Y ya les contamos aquí que Sánchez ha conseguido algo histórico: cabrear a todas las instituciones europeas. A la Comisión por las pensiones, al BCE por sus ataques a cuento del impuesto a la banca, al Parlamento por el descontrol del reparto de los fondos y a los demás Gobiernos por saltarse el acuerdo de los 27 sobre el impuesto a las energéticas.

Además, la llamada «segunda fase de la reforma de las pensiones» debe negociarse con los agentes sociales. Y ahí tenemos a un Garamendi crecido tras arrasar en las elecciones de la CEOE, pero que ha tomado buena nota del descontento de parte de la organización con su blandura hacia el Gobierno. Así que no va a tolerar que le toreen otra vez con algo tan grave como las pensiones. El viernes ya anunció que no va a haber acuerdo antes de fin de año -como establece el compromiso con Bruselas- porque todavía no tienen ni un papel.