Miles de afectados por la mala gestión del ingreso mínimo vital denuncian al Gobierno ante Europa

• Carlos Ribagorda @CRibagorda
• Periodista de Economía en Okdiario. Nacido en Madrid. Licenciado en periodismo por la Universidad Complutense.
• • 12/06/2024 06:45
  • Actualizado: 12/06/2024 06:45

Miles de afectados por la mala gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) han conseguido unirse para denunciar al Gobierno de Pedro Sánchez ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por incumplir la Carta Social Europea. Buscan conseguir que desde Europa se obligue al Ejecutivo español a modificar la ley porque entienden que los requisitos de la norma están dejando a muchos ciudadanos en la pobreza.

Los afectados han acudido a la organización ATD Cuarto Mundo España, que lucha contra la pobreza y por la dignidad de las personas en muchos países del mundo, ya que sólo una organización como esta puede presentar una Reclamación Colectiva (pinche aquí para ver la denuncia) ante el Comité Europeo de Derechos Sociales.

Una Reclamación Colectiva es un tipo de proceso jurídico por el que se denuncia que tanto una determinada legislación como su aplicación por parte de un Estado, en este caso la Ley del Ingreso Mínimo Vital en España, incumple la Carta Social Europea. Es una reclamación colectiva y no individual, ni de suma de casos individuales. No sirve para resolver un caso concreto, sino para forzar la modificación de una legislación.

El problema que denuncian es que el Gobierno socialista deja en multitud de casos a los perceptores de esta prestación en peor situación que antes de solicitar esta ayuda. Una prestación que puso en marcha el Ejecutivo en el verano de 2020 y fue vendida como la principal medida del llamado escudo social del Gobierno.

Pero la realidad en muchos casos no es esa. Por ejemplo, la media que recibe cada perceptor es de unos 500 euros al mes, menos de lo que ganan los diputados españoles sólo por las dietas. Además, este diario ha publicado en varias ocasiones casos de afectados por esta mala gestión del ingreso mínimo, que les ha dejado en peor situación que antes de recibir la ayuda.

La situación es la siguiente. La ayuda que recibe cada perceptor tiene que aparecer en la declaración de IRPF del año siguiente. Si la Seguridad Social detecta que el perceptor ha tenido algún ingreso extra -«porque para incorporarse al mercado laboral hay que aceptar a veces un trabajo temporal», señala una afectada- entonces procede a reclamar al ciudadano la ayuda cobrada de más, ya que hay un límite de ingresos para optar a la ayuda.

«Con que trabajes un mes o dos meses o tres meses ya superas el límite y al año siguiente te reclaman las ayudas. Pero al año siguiente muchas veces vuelves a estar en el paro porque es un trabajo temporal como hacer encuestas, por ejemplo, y te encuentras con que no tienes ni trabajo ni ayuda de ingreso mínimo vital y una deuda que tienes que devolver a la Seguridad Social», explican afectados.

No sólo eso. Porque la Seguridad Social impone cómo ha de devolverse la ayuda cobrada irregularmente según como está redactada actualmente la ley, la cantidad y el número de meses. Si no se devuelve a tiempo, la Seguridad Social pone en marcha el sistema habitual de reclamación de la deuda con intereses y, en su caso, el embargo.

Además, se aplica esa devolución de la ayuda recibida irregularmente en caso de que la situación de vulnerabilidad de la familia continúe, agravando su situación de pobreza.

La organización demandante, ATD Cuarto Mundo, advierte en la denuncia de las consecuencias de la ley en España. «En virtud de la potestad administrativa de ejecución forzosa con el inicio de la vía de apremio y embargo de bienes en un caso, o de compensación de prestaciones con descuentos de hasta el 70% del importe mensual de estas en otro, se pone en situación de grave riesgo a las personas afectadas», dice la denuncia.

«Téngase en cuenta que la incoación del procedimiento de reintegro de
prestaciones se inicia contra todos los miembros de la Unidad de convivencia de forma solidaria y que es imprescriptible, condenando a una especie de muerte civil a todas las personas de la UC hasta el completo reintegro de dichas prestaciones con sus recargos, intereses y costas», señala.