Liberty se asegura el suministro eléctrico barato para tratar de quedarse con la planta de Alcoa en Lugo

• Eduardo Segovia @segoviaeduardo
• Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.
• • 10/10/2020 06:51
  • Actualizado: 10/10/2020 10:00

El cierre de la planta de aluminio de Alcoa en San Cibrao (Lugo) y el despido de 524 trabajadores, anunciado oficialmente este viernes, puede no ser el último capítulo de esta historia. El conglomerado metalúrgico GFG Alliance, al que pertenece Liberty House, ha cerrado un acuerdo con el grupo energético Ignis para asegurarse un suministro eléctrico barato y de origen renovable para dicha planta a partir de 2023. Esta garantía eleva la presión sobre el Ejecutivo para hacerse finalmente con la instalación, ya que no requeriría más rebajas de la luz que las contenidas en el futuro Estatuto del consumidor electrointensivo.

Como ha venido informando OKDIARIO, la causa de que el gigante del aluminio de Pittsburgh cierre esta planta gallega es el elevado precio del recibo de la luz en España, muy superior al de los países de nuestro entorno, que hace que la producción de aluminio no sea rentable. Para rebajarlo, el Gobierno prometió una norma (el citado estatuto) que eximiría de ciertos costes del recibo de la luz a las industrias que gastan mucha electricidad. Pero su tramitación va a paso de tortuga -ni siquiera tiene el visto bueno de la CNMC- porque Pedro Sánchez no lo considera suficientemente urgente para llevarlo en un Real Decreto.

El resultado es que Alcoa se ha hartado de esperar y ha decidido definitivamente el cierre. Pero antes, negoció con Liberty House, la filial de GFG Alliance, la posible venta de la planta sin alcanzar un acuerdo. La diferencia no es el precio (la compraría por un euro), sino quién asume los costes del cierre y el suministro de alúmina. Según Alcoa, ellos están dispuestos a asumir 60 millones de costes, pero GFG pide 170. Asimismo, Alcoa ofrecía garantizar a Liberty el suministro de alúmina (la materia prima del aluminio, que también se refina en una planta anexa en San Cibrao) durante 5 años, mientras que el comprador pedía 20.

Ante esta situación, el Gobierno por fin ha reaccionado y ha emprendido en el último minuto negociaciones para que la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, el antiguo INI) se haga con la planta, en teoría para revenderla a Liberty. Negociaciones que tampoco han fructificado, por lo que tanto la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, han amenazado con expropiar la instalación.

Un acuerdo que puede rebajar las exigencias de Liberty

En medio de esta tensión y de las movilizaciones anunciadas por los trabajadores -incluso van a acudir a los tribunales para impugnar el ERE-,  GFG Alliance puede rebajar sus exigencias gracias al acuerdo alcanzado con Ignis. El compromiso contempla el desarrollo de 1,2 Gigawatios de energía eólica (esta parte estará en Galicia y podrá suministrar a la planta de aluminio) y fotovoltaica, que estarán operativos en 2023. Y lo más importante es que se garantiza un precio «altamente competitivo»mediante un acuerdo de compra de energía a largo plazo (lo que se conoce como PPA).

Aunque fuentes conocedoras de la situación aseguran que GFG sigue pidiendo la rebaja del Estatuto del consumidor electrointensivo, no necesitará ir más allá gracias a este acuerdo. Por el contrario, Alcoa había manifestado en varias ocasiones que esta norma, aunque era un paso en la buena dirección, se quedaba corta.

¿Esto qué implica? Pues que Liberty puede rebajar sus exigencias para comprar la planta, al garantizarse ese precio barato para la electricidad. Y eso puede aproximar un acuerdo, aunque a estas alturas parece inevitable que la SEPI actúe como intermediaria en la operación.

Una expropiación casi imposible

La otra alternativa, la de la expropiación, es muy complicada de llevar a efecto, como pasó con la fábrica de Nissan en Barcelona (el Gobierno también amenazó a la compañía japonesa con expropiar la factoría si la cerraba). Por un lado, la Comisión Europea difícilmente autorizaría una operación así al constituir una clara ayuda de Estado que distorsionaría la competencia. Por otro, ¿cómo se fijarían las condiciones para compensar a Alcoa? Recuerden que el precio es de un euro y de lo que se trata es de cuánto dinero debe poner para el cierre y de las garantías de suministro de alúmina. ¿Y Alcoa va a garantizar ese suministro a una instalación que se le ha expropiado? Parece imposible.

A la espera de si hay alguna posibilidad de venta a GFG Alliance a través de la SEPI, los trabajadores anunciaron ayer movilizaciones y la presentación de un recurso de impugnación del ERE ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, con la solicitud incluso de medidas cautelarísimas para frenar su aplicación. En principio, Alcoa ofrece una indemnización de 30 días por año trabajado con un máximo de una anualidad.