La justicia plantea medidas como cerrar locales o prohibir actividades para los bancos investigados penalmente
Bankia, a la espera de sentencia en la Audiencia Nacional, o BBVA, en una fase preliminar de las actuaciones, no serán en ningún caso disueltos aunque fueran condenados por delitos, al buscar los jueces el interés general de los empleados y de la sociedad.
La justicia no contempla la posibilidad de disolver a algunos de los grandes bancos que se encuentran ahora mismo inmersos en procesos judiciales. Ni Bankia, cuyo caso ha sido visto para sentencia en la Audiencia Nacional con una pena pendiente sobre Rodrigo Rato o José Luis Olivas, ni tampoco BBVA, que se encuentra inmerso en el inicio de una investigación penal por su relación con el excomisario de Policía Nacional José Manuel Villarejo, deben temer por ser disueltos por los tribunales.
Sin embargo, la alta magistratura representada tanto en el Tribunal Supremo como en la Audiencia Nacional (tribunal de delitos especiales) prevé para casos en los que se condene penalmente a personas jurídicas otras seis medidas además de la multa, que es obligatoria en estos casos. Las medidas de condena dependen de las que soliciten las partes y se aplican en función de las circunstancias del empleo y de la economía.
Así lo ha señalado el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional durante unas jornadas sobre delitos financieros organizadas por Refinitiv (Thomson Reuters). Preguntado sobre la posibilidad de que la justicia disuelva las empresas que se encuentran culpables -al calor de casos de actualidad como Bankia o BBVA- Velasco indicó que los jueces han llegado al consenso de aplicar penas alternativas a la disolución como «cerrar locales, prohibir actividades de forma temporal, hacer intervenciones judiciales donde un administrador se encarga de gobernar a la empresa, etc».
Doctrina del Supremo
Tal y como recuerda Velasco, fue el juez del Tribunal Supremo Antonio del Moral quien «pedía a los jueces que no apliquen la pena de disolución porque la sentencia es la pena de muerte para una compañía: usted puede matar a El Corte Inglés, a Banco Sabadell… o a quien sea», ha dicho el magistrado vasco, a modo de ejemplo.
El Tribunal Supremo considera que, a pesar de que una empresa haya cometido un delito, cerrar la empresa y afectar a los trabajadores «que en su mayoría son honrados y no sabían lo que estaba pasando» es una pena excesiva. Ya se ha aplicado en sentencias anteriores y se busca el principio de proporcionalidad con soluciones alternativas.
Velasco se ha mostrado muy crítico con la forma en que BBVA ha colaborado con la justicia después de estar en el ojo del huracán por la relación de su presidente Francisco González con el excomisario José Manuel Villarejo. Tal y como ha indicado, y ha recogido OKDIARIO, el banco no ha enviado «un solo papel en doce meses» para colaborar con la investigación.
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