El Gobierno se plantea que los mayores de 65 años puedan trabajar de forma voluntaria

• Benjamín Santamaría @benjaefe
• Economista, analista, conferenciante y máster de educación con especialidad en Economía. Redactor de economía y empresas en OKDIARIO y autor de 'La economía a través del tiempo' en el Instituto Juan de Mariana. Miembro de la junta directiva del Centro Diego de Covarrubias.
• • 31/01/2024 11:25
  • Actualizado: 26/02/2025 14:53

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha planteado la posibilidad de implementar la jubilación parcial dado que «hay trabajadores que quieren seguir trabajando más allá de la edad ordinaria», a los 65 años. La responsable de Seguridad Social ha subrayado que el Ejecutivo se encuentra actualmente colaborando con sindicatos y empresarios en la formulación de una nueva normativa sobre la conciliación entre empleo y jubilación.

Durante estas reuniones, los participantes han abordado temas como la jubilación anticipada en ocupaciones desafiantes, la modalidad de jubilación parcial y el contrato de relevo, además de posibles ajustes en las entidades colaboradoras de la Seguridad Social.

«Queremos favorecer la salida gradual y basada en la voluntariedad del mercado de trabajo», ha afirmado Saiz durante su comparecencia en el Congreso para explicar las líneas generales de su departamento esta legislatura.

La ministra ha hecho referencia a encuestas que demuestran que «hay trabajadores que quieren seguir trabajando más allá de la edad ordinaria», a los 65 años. Pero, eso sí, lo quiere hacer «con unas condiciones que favorezcan su actividad» y por eso es una cuestión que el Ministerio ha comenzado a analizar con los interlocutores sociales.

Coeficientes reductores de la jubilación

Además de avanzar en la implementación de la jubilación parcial, el Gobierno afirma que tiene la intención, en el contexto del diálogo social, de elaborar un procedimiento general para la aplicación de coeficientes reductores a la edad de jubilación.

Elma Saiz ha detallado que su estrategia implica la incorporación de indicadores objetivos para respaldar los coeficientes, considerando factores como la incidencia, persistencia y duración de las bajas laborales, así como las incapacidades permanentes o los fallecimientos asociados.

De su lado, el Ministerio trabajará en el corto plazo en la mejora de la gestión de la Incapacidad Temporal (IT). La ministra ha indicado que hace casi cuatro años el Pacto de Toledo pedía avanzar «en una mejor utilización de los recursos y experiencia de las mutuas», en su recomendación 9.

Por ello, el Gobierno está preparando el camino para articular «fórmulas de colaboración» entre los servicios públicos de salud y las mutuas colaboradores de la Seguridad Social para optimizar la atención de procesos de incapacidad relativos a contingencias comunes de origen traumatológico.

Revalorización de las pensiones

Saiz resaltó durante su intervención la revalorización del 3,8% en las pensiones a partir del 1 de enero de este año, en línea con la ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones. Asimismo, la ministra subrayó que gracias a las medidas implementadas por el Gobierno, un pensionista recibe en promedio 321 euros más al mes que en 2018.

Sin embargo, la subida de las pensiones aprobada por el Gobierno, para este 2024, un 3,8% de media para las contributivas, será prácticamente nula para algunos pensionistas por el incremento inmediato del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ligado a la pensión.

Algunos jubilados cobrarán más, pero habrá otros que los 109 euros mensuales de subida que supone ese 3,8% se quedará en poco más de cinco euros netos. Los otros 104 euros mensuales de la subida a la que tiene derecho este pensionista volverán a las arcas públicas por el IRPF, como muestra la imagen -una carta enviada por el Ministerio de Seguridad Social a un jubilado para informarle sobre su nueva paga-.

Otra de las críticas que se ha hecho desde la oposición a la decisión de Sánchez de subir todas las pensiones contributivas un 3,8%, en línea con el IPC del año, es que afecta a todos los pensionistas por igual, sea cual sea su pensión. De esta forma, un pensionista que cobre 1.000 euros va a ver mejorada su paga un 3,8%, igual que el que reciba 2.300 euros.

Así lo hizo este Gobierno también en 2023, cuando elevó todas las pensiones un 8,5% porque eso fue lo que subió el IPC. El año pasado todas las pensiones subieron un 8,5%, las más altas y las más bajas, y este año Sánchez ha vuelto a repetir la decisión. Suben más las pensiones no contributivas.

Otro de los problemas derivados de este incremento de las todas las pensiones, es el aumento del gasto de la Seguridad Social y del consiguiente incremento del déficit del organismo. El descuadre de las cuentas de la Seguridad Social se ha elevado a 116.000 millones a cierre de noviembre pese a la mejora del empleo y el alza de las cotizaciones sociales aprobado por el Gobierno.