El Gobierno tiene paralizadas las medidas que salvarían de la liquidación a la planta de Alcoa en Lugo

• Eduardo Segovia @segoviaeduardo
• Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.
• • 09/12/2024 06:45
  • Actualizado: 09/12/2024 06:45

La planta de aluminio de Alcoa en Lugo tiene un nuevo plan para intentar evitar su cierre definitivo, pero requiere que todo el mundo ponga un poco de su parte: los trabajadores, la Xunta de Galicia y el Gobierno de Pedro Sánchez. Y mientras los dos primeros han mostrado una disposición favorable, el Ejecutivo mantiene el proceso paralizado y no muestra ninguna intención de ayudar.

Alcoa puso a la venta la planta en abril tras el fracaso del plan acordado por el Gobierno para reducir el coste de la electricidad (la fabricación de aluminio es una actividad electrointensiva), lo que hacía inviable su continuidad. Pero no llegó ninguna oferta suficientemente atractiva -pese a que se interesaron 60 potenciales compradores- y sí unas cuantas a derribo, por lo que el gigante estadounidense cambió de estrategia.

Así, logró atraer a un socio, la eléctrica mayorista Ignis, para crear un consocio que se quedaría con la planta. Este consorcio se constituyó en octubre con 100 millones, en un porcentaje del 75% para Alcoa y el 25% de Ignis (y la primera se compromete además a financiar otros 100 millones). Por tanto, la fabricante de aluminio está dispuesta a poner más dinero a pesar de la pérdida que arrastra en la planta de San Cibrao, y la eléctrica, aparte de dinero, aporta el suministro de energía necesario.

Ahora bien, para que el plan salga adelante, hace falta que los organismos públicos y los propios empleados arrimen el hombro; de lo contrario, también sería inviable y habría que ir a la liquidación definitiva de la planta con la consiguiente pérdida de todos los puestos de trabajo.

Del Gobierno autonómico gallego depende «la aprobación del proyecto del depósito de barro rojo», una cuestión medioambiental (residuos) muy relevante para volver a poner la planta en marcha. Y el Ejecutivo de Alfonso Rueda parece dispuesto a poner de su parte para que la salvación del complejo no se tuerza por esta cuestión.

Más difícil es la cuestión de los trabajadores, ya que los sindicatos siempre han sido muy combativos desde que estalló la crisis de la planta en 2021, si bien la semana pasada se reunieron con la empresa. En su caso, exigen que se ponga en marcha un «horno de cocción de ánodos» antes de reactivar la planta, mientras que Alcoa quiere posponerlo a 2028 -ya que requiere una fuerte inversión- y, mientras tanto, importar los materiales que necesita (los ánodos) en vez de producirlos allí.

Además, existe un acuerdo con el comité de empresa por el que están bloqueados 85 millones «relacionados con el reinicio y los compromisos de capital» que Alcoa quiere liberar. Es decir, sólo se pueden gastar en lo prometido a los trabajadores en su día, y la compañía con sede en Pittsburgh quiere poder usarlos para otras inversiones.»En el fondo, lo que se está pidiendo a los trabajadores es un poco de flexibilidad a cambio de mantener sus empleos», según una fuente cercana a la empresa.

El obstáculo, el Gobierno

Pero el verdadero obstáculo reside en el Gobierno central. De él dependen «agilizar la tramitación y concesión definitiva de los permisos para el desarrollo y construcción de proyectos de generación de energía eólica» (para cerrar lo que se llaman PPA, contratos bilaterales de suministro eléctrico) y «un apoyo sustancialmente mayor en las compensaciones por costes de emisiones indirectas de CO2».

La primera exigencia depende del enorme atasco de licencias renovables que ha acumulado Teresa Ribera en Transición Ecológica y que ahora debe resolver su sucesora, la sospechosa Sara Aagesen. En cuanto a la segunda, implica un gasto presupuestario en un momento de déficit público desbocado pese a la recaudación récord de impuestos, lo que explica que el Gobierno se resista a aceptarlo.

Alcoa e Ignis justifican esta demanda por «las diferencias entre España, Francia y Alemania» en lo percibido por las electrointensivas por compensaciones por emisiones indirectas de dióxido de carbono (CO2) «son muy grandes. Los otros países apoyan mucho más a la industria que España».

La reticencia del Ejecutivo se puso de manifiesto la semana pasada cuando el Ministerio de Industria aplazó sine die la reunión con Alcoa prevista para este lunes. En respuesta, la empresa estadounidense ha solicitado que, cuando se celebre finalmente el encuentro, acudan en persona el titular del departamento, Jordi Hereu, así como la citada Aagesen.

Así pues, el desbloqueo de la situación depende básicamente de que el Gobierno cumpla estas demandas. Algo que «es fácil de arreglar, más que otras cosas en que ha cedido el Gobierno. Sobre todo cuando tienes un inversor que ha puesto (y perdido) dinero y que está dispuesto a poner más», según las fuentes.