El Gobierno reconoce que no va a cumplir el plazo acordado con Bruselas para la reforma de las pensiones

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no descarta que la segunda pata de la reforma de pensiones, que aborda el destope de las bases máximas y la pensión máxima y la mejora de la cobertura de las lagunas de cotización para carreras irregulares, supere el plazo inicial que se había comunicado a Bruselas, 31 de diciembre de este año, con el objetivo de que su aprobación se base en un acuerdo con los agentes sociales.

Fuentes del Departamento que dirige José Luis Escrivá, que insisten en que aún no renuncian a tener esta reforma en plazo y que, si éste se supera, no existirían problemas con la Comisión Europea, como no los hubo cuando la reforma del nuevo sistema de cotización para autónomos se pactó unas semanas más tarde de lo establecido en el Plan de Recuperación.

Para el Ministerio, lo importante es que esta segunda parte de la reforma de pensiones sea fruto del acuerdo con sindicatos y empresarios, como lo fue la primera parte de la reforma, en la que se estableció, entre otras medidas, la revalorización anual de las pensiones con el IPC.

Los contactos entre Seguridad Social y los agentes sociales se siguen desarrollando, pero lo cierto es que apenas quedan ocho días para fin de año. Tampoco hay ningún Consejo de Ministros extraordinario en el horizonte, sólo el ordinario del próximo martes, por lo que es muy difícil que la reforma de pensiones se apruebe antes de finalizar el año.

Para ello, haría falta que la negociación se acelerara en los próximos días y se lograra un acuerdo que llevara a convocar un Consejo de Ministros extraordinario, lo cual no figura por ahora en las previsiones de Moncloa. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, dio ayer por hecho que no habrá reforma de pensiones antes de 2023. La negociación, explicó, va «muy lenta», por lo que «en ningún caso», dijo, acabará antes de que finalice este año. «Le quedan bastantes capítulos a esta negociación», opinó.

Sobre la mesa figura la propuesta que el Gobierno presentó a CCOO, UGT, CEOE y Cepyme a finales del mes de noviembre. En dicha propuesta inicial, el Ejecutivo planteó a los agentes sociales una ampliación progresiva del periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años, descartando los dos peores años de cotización, de forma que la pensión pase a calcularse con los mejores 28 años de cotización dentro de un periodo total de 30 años.

En concreto, según la propuesta inicial del Gobierno, el planteamiento del Gobierno es que el periodo de cálculo se vaya ampliando en cinco meses cada año del periodo 2027-2038, pudiendo escoger el trabajador los tres meses más favorables a su cotización y descartar dos.

En relación a la subida de las bases máximas de cotización, otro objetivo de esta segunda reforma, el documento inicial del Gobierno plantea la posibilidad de vincular la evolución de las bases máximas de cotización al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC interanual medio de los doce meses anteriores a diciembre, más un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050.

Así, entre 2025 y 2050, se propone que sean las leyes de Presupuestos de cada año las que fijen la subida de las bases máximas teniendo en cuenta los parámetros anteriores (el IPC y el alza adicional de 1,154 puntos). En caso de que la inflación promedio que se toma como referencia para subir las pensiones sea negativa, se aplicará únicamente el incremento adicional de 1,154 puntos.

Esta subida de las bases máximas de cotización iría acompañada de un aumento de la pensión máxima, aunque no en la misma proporción. De este modo, el Gobierno propone que la pensión máxima suba también entre 2025 y 2050 con la referencia de inflación establecida para las pensiones contributivas y la pensión mínima (IPC promedio de los doce meses anteriores a diciembre), más un porcentaje adicional de 0,115 puntos, menor por tanto al planteado para las bases máximas.