El Gobierno dispara el gasto en pensiones hasta 21.500 millones, un 23% del PIB, por la paga de noviembre

El gasto en pensiones sigue subiendo. Según los últimos datos del Gobierno, la nómina mensual de las prestaciones contributivas de la Seguridad Social ascendió a 10.913 millones de euros en noviembre, lo que supone un 4,5% de incremento en términos homogéneos. Junto con la nómina de noviembre también se abonará la segunda paga extraordinaria correspondiente a final de año, que suma 10.649 millones de euros, por lo que la cuantía total de desembolso a las clases pasivas será de 21.500 millones, un 23% del PIB. Si se descuenta el efecto de la paga extraordinaria, el gasto en las retribuciones a los jubilados representa un 11,7% del PIB, y ya se sitúa por encima de los niveles prepandemia, en 2019, cuando ya suponía un 10,9% de la riqueza nacional.

El presidente Sánchez está exigido por la Comisión Europea a presentar una reforma del modelo de pensiones que lo haga financieramente asumible a largo plazo, después de que, una vez alcanzado el Gobierno, decidiera eliminar el factor de sostenibilidad que había incluido Mariano Rajoy, según el cual el pago de las jubilaciones se acomodaría a la esperanza de vida de los ciudadanos. Este plan está pendiente de ser enviado a Bruselas por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, previa negociación con los agentes sociales. Pero los empresarios han mostrado un rechazo total a alguna de las ideas que baraja el ministro.

En concreto, rechazan frontalmente la subida del 30% de las cotizaciones sociales máximas que planea el ministro  durante los próximos años «porque ignora las consecuencias económicas de la medida, que dañará el empleo y no contribuirá a hacer más sostenible el sistema de pensiones», según fuentes de la patronal CEOE consultadas por OKDIARIO.

Según el responsable del Departamento de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones,  las pensiones también aumentarían en una cantidad similar en los próximos ejercicios aunque con un cierto retraso respecto al incremento de las cotizaciones, pero esto «convertiría el sistema en un modelo confiscatorio», asegura un experto fiscal socio del despacho Garrigues. «El truco consiste en que se recaudará más en cuanto se apruebe la medida, pero las pensiones todavía no se sabe exactamente cuánto van a subir ni cuándo se van a pagar porque esto depende de la esperanza de vida de los ciudadanos», indica.

De acuerdo con los datos de noviembre ofrecidos ayer por el Departamento de Escrivá, la pensión media de jubilación del sistema es de 1.258,8 euros. Por regímenes, la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.406,4 euros al mes, mientras que la más baja la registra el Régimen de Autónomos, de 837,9 euros al mes. En la minería del Carbón, la media de jubilación mensual se sitúa en 2.453,7 euros, como consecuencia del efecto arrastre del cierre de la mayoría de las explotaciones del país hace décadas,  y es de 1.397,4 euros en el llamado Régimen del Mar.

Por otra parte, y con fecha 1 de noviembre, 364.871 pensiones han percibido el complemento por brecha de género, de las que un 92,8% son mujeres (338.628). El importe medio mensual de este complemento en la pensión es de 61,3 euros. De las 364.628 pensiones complementadas, el 21,6% corresponde a pensionistas con un hijo (78.936), que anteriormente no tenían acceso al complemento de maternidad. Además, el 47,2% de los beneficiarios cuentan con dos hijos (172.276); el 20%, con tres (72.860) y con cuatro hijos, el 11,2% (40.799). Este complemento de brecha de género, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija, tras la revalorización aplicada en 2022, de 28 euros al mes por hijo, que se aplica desde el primer hijo, a diferencia del complemento de maternidad anterior. Se solicita a la vez que se solicita la pensión.

Si al gasto en pensiones se sumaran los 20.000 millones que se desembolsan anualmente para hacer frente al subsidio de desempleo -aunque este evoluciona en función del ciclo económico- más el pago por los intereses de la deuda pública -que hay que honrar obligatoriamente- la factura sobrepasaría los 100.000 millones al año, una suma que constituye una auténtica losa para el presupuesto del Estado.