Gobierno y CCAA negocian la nueva financiación autonómica con la vista puesta en el 21-D

Las comunidades autónomas que no tienen régimen foral deberán enviar antes del próximo 24 de noviembre sus conclusiones sobre el nuevo modelo de financiación para que las valore el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Cataluña no va a participar, ya que desde antes del referéndum ilegal su gobierno regional decidió apartarse de las negociaciones por no tratarse la cuestión de forma bilateral entre la Generalitat y el Ejecutivo Central.

De esta forma, la financiación autonómica se reactiva a poco más de un mes de las elecciones autonómicas catalanas y lo hace en paralelo con la financiación local, ya que el próximo el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, se reunirá con representantes del Ministerio de Hacienda para abordar la nueva regulación de la plusvalía municipal con el fin de que el Gobierno rescate financieramente a los ayuntamientos por la pérdida de recaudación.

Ya sobre la financiación autonómica, el pasado 2 de noviembre, y con un plazo de tres semanas, se conformó el comité técnico permanente para evaluar el informe de los expertos, comité en el que Cataluña no nombró representante como tampoco hizo en el marco de la comisión de expertos que elaboró el primer informe de financiación.

En este comité no están ni Cataluña ni las autonomías forales de País Vasco y Navarra, y tiene el encargo de valorar el informe de sabios pero también de emitir alternativas distintas con un objetivo final, llegar al máximo consenso.

Así lo ha expresado esta semana en el Congreso el secretario de Estado de Hacienda, José Ignacio Fernández de Moya, quien ha apelado al acuerdo de los grupos porque el nuevo modelo requiere el respaldo de una mayoría absoluta, al regularse a través de una ley orgánica.

En su comparecencia, el secretario de Estado ha dejado muy claro que el nuevo sistema deberá ser «simple, transparente y predecible», garantizar la suficiencia de fondos y mejorar los criterios de distribución pero, sobre todo, comprometer la sostenibilidad de los servicios del Estado del bienestar.

Fernández de Moya ha reconocido que el sistema actual «no ha convencido» y ha criticado su complejidad por el alto número de fondos, falta de claridad y respuesta ante niveles rígidos de gasto. El secretario de Estado ha insistido en «la plena disponibilidad del Gobierno de España» a negociar un nuevo modelo de financiación autonómica.

Y, en este contexto,  ha hecho un llamamiento a los socialistas para que apoyen un nuevo modelo de financiación autonómica, ya que «sin acuerdo entre el PP y PSOE no habrá reforma».

El pasado julio, el comité de expertos, con representantes de todas las autonomías de régimen común, salvo Cataluña, y del Gobierno central, emitió un informe que sumó un 40 % de votos particulares. En sus recomendaciones, los expertos apostaban porque las comunidades pudieran subir el IVA y los impuestos especiales de forma colegiada, es decir, que con un acuerdo unánime pudieran incrementar los tipos de impuesto de forma conjunta.

Además, proponían un «fondo básico» de financiación que estaría integrado por la recaudación del IVA e impuestos especiales y reforzaría el principal fondo de reparto encargado de distribuir el dinero para sufragar los servicios públicos. También sugerían un mecanismo para sufragar las competencias singulares que tienen algunas autonomías.

Y todo este sistema se articularía respetando la ordinalidad. Es decir, un principio que reclaman las autonomías más ricas y que consiste en que una comunidad no pierda posiciones en la clasificación de riqueza tras el reparto final.