Fedea y Santalucía denuncian que los partidos suben las pensiones sin explicar «quién paga la fiesta»

• Benjamín Santamaría @benjaefe
• Economista, analista, conferenciante y máster de educación con especialidad en Economía. Redactor de economía y empresas en OKDIARIO y autor de 'La economía a través del tiempo' en el Instituto Juan de Mariana. Miembro de la junta directiva del Centro Diego de Covarrubias.
• • 05/11/2025 14:25
  • Actualizado: 05/11/2025 14:25

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y el Instituto Santalucía, órgano de reflexión del grupo Santalucía, denuncian que los políticos suben las pensiones sin explicar «cuánto cuesta la fiesta y quién la paga». En un informe con motivo del 30 aniversario de la aprobación del Pacto de Toledo, ambas entidades lamentan que este instrumento se ha convertido en una «subasta entre partidos para ver quien promete más a los pensionistas», sin que tales promesas estén acompañadas de cálculos «cuidadosos» de su coste y su previsible distribución.

El informe, elaborado por Miguel Ángel García Díaz, profesor colaborador de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos e investigador asociado en Fedea, analiza el origen, la evolución y la situación actual de este mecanismo de consenso político y social en torno al sistema público de pensiones, «que marcó un antes y un después en la definición de la política social española».

Según el profesional, el Pacto de Toledo «fue un acuerdo histórico que supuso renunciar a la búsqueda de réditos políticos de corto plazo en un asunto de Estado, apostando por la responsabilidad colectiva y la estabilidad del sistema público de pensiones».

Uno de los ejes centrales del informe es el análisis del proceso por el cual, entre 1977 y 1995, la sociedad española realizó un notable esfuerzo para levantar un sistema de pensiones con una amplia cobertura. Por otro lado, el documento estudia cómo las reformas aprobadas entre 1995 y 2013 prepararon al sistema para hacer frente al progresivo envejecimiento demográfico.

Durante ese periodo, las medidas implementadas (como el aumento de la edad de jubilación a 67 años, la ampliación del periodo de cálculo de la base reguladora de ocho a veinticinco años y el incremento de 35 a 37 años para obtener el 100% de la base reguladora) «respondían a un enfoque de moderación del gasto y sostenibilidad a largo plazo, asumido con amplio consenso político y social», señala el estudio.

Sostenibilidad de las pensiones

Del consenso tras la reforma de 2013 y especialmente desde el acuerdo de renovación del Pacto de Toledo de 2020, el estudio constata «un cambio estructural en su funcionamiento», que habría transformado su naturaleza inicial.

Según García Díaz, las recomendaciones aprobadas en 2020 no difieren en exceso de las iniciales de 1995. Pese «a una relación más que cuestionable de gastos considerados impropios dentro de las prestaciones contributivas», el informe afirma que su contenido mantiene el carácter genérico «y en algunos casos contradictorio de sus recomendaciones (apoyar transferencias del Estado para prestaciones contributivas es incoherente con el refuerzo de la contributividad del sistema)».

«Lo más importante ha sido el cambio del objetivo a conseguir que subyace en la voluntad de los firmantes, influido por el poder electoral de una población más envejecida que ha modificado el interés a corto plazo de los partidos políticos», denuncia.

Así, según el informe, el núcleo de las recomendaciones de 2020 «se puede resumir en mantener la tasa de reposición más elevada de la Unión Europea (77,4% frente 44,5%), evitando endurecer los parámetros de acceso y cálculo de la prestación, y garantizar su poder adquisitivo mediante la actualización anual con el IPC».

«Esta decisión apoyada por todo el arco parlamentario en un escenario de rápido envejecimiento de la población por la llegada de la generación del ‘baby boom’ a la jubilación y el aumento de la esperanza de vida implica un fuerte aumento del gasto que ascenderá como mínimo a 3,5 puntos adicionales de PIB en 2050.

Este elevado coste tendrá que asumirlo las siguientes generaciones, reduciendo su renta disponible a través de más cotizaciones, más impuestos y/o más deuda pública. La decisión, por tanto, tiene consecuencias redistributivas severas a favor de una generación y en contra de las siguientes», sostiene García Díaz.