Economía
acumula 25 impagos, frente a 20 de venezuela

España supera a Venezuela y es el país más moroso del mundo por los impagos a las renovables de Ribera

En 2024 se han abierto otros 52 arbitrajes contra España, el más denunciado del mundo, seguido de Italia con 14 procesos

España ha superado a Venezuela en 2024 y se ha convertido en el país más moroso del mundo en laudos sin abonar por el impago a las renovables decidido por la ex ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, actual comisaria europea de Competencia. Medido en términos de número de arbitrajes no pagados, España acumula 25 procesos en 2024 frente a los 20 de Venezuela y los 10 de Rusia, según el Índice de Cumplimiento de Sentencias Internacionales 2024 que elabora el prestigioso jurista y académico holandés Nikos Lavranos.

España se ha distanciado de Venezuela y de Rusia en este 2024, ya que el año pasado estaba empatada con el país de Nicolás Maduro en 15 procesos impagados en el Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial. La situación puede ir a peor ya que en 2024 se han iniciado 52 arbitrajes contra España, el país más denunciado, muy por delante de Italia, que ha sufrido 14 arbitrajes en contra en 2024. Fuentes de los inversores internacionales calculan que otros cuatro arbitrajes finalizarán en 2025 a favor de los reclamantes.

En la imagen del informe de Lavranos aparecen 24 laudos impagados por España pero después de septiembre -límite temporal del informe- se ha resuelto uno más, por lo que España acumula 25 arbitrajes sin pagar.

Según refleja el informe del profesor Lavranos, medido en términos de dinero adeudado, España se sitúa en tercer lugar por detrás de Rusia y Venezuela. Rusia debe 60.000 millones de euros, aunque es mayoritariamente por el caso Yukos -sin ese caso debería unos 10.000 millones-.

La Venezuela de Maduro quedaría en segundo lugar con una deuda de 17.000 millones, mientras que España sería tercera del mundo en este ranking con unos impagos de 1.500 millones de euros, como muestra la imagen.

Los impagos a las renovables es la estrategia que ha seguido el Gobierno de Pedro Sánchez tras la avalancha de denuncias de los fondos internacionales tras la rebaja de las primas a estas inversiones. Esa decisión de no pagar los laudos del Ciadi ha originado que los fondos internacionales hayan iniciado procesos judiciales ordinarios en tribunales de diferentes países del mundo, como Australia, Estados Unidos o Reino Unido.

Esos procesos judiciales abiertos han dado reveses a España y han decretado incluso el embargo de bienes españoles en esos países. Por ejemplo, España ya ha tenido que depositar 30 millones de euros en la cuenta de un juzgado de Bélgica para evitar el embargo de los ingresos de Eurocontrol tras una sentencia en contra de la justicia belga.

El origen de este conflicto se remonta al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que decidió en 2007 pagar una prima del 25% a las inversiones en energías renovables. Cuando Mariano Rajoy llegó al poder en 2012, y con la caja vacía por la crisis económica mundial iniciada en 2008, asestó una rebaja unilateral de esas primas hasta el 7%.

Los inversores tomaron el camino entonces de acudir a los arbitrajes internacionales y reclamar a España una indemnización que en conjunto superaba los 10.000 millones de euros. Esos arbitrajes han acabado con victorias de España algunos, y derrotas otros, que el Gobierno de Sánchez decidió no pagar, obligando a estos inversores a acudir a los tribunales de justicia ordinarios.

La ex vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera. (Foto: Efe)

La estrategia de Ribera de momento no ha servido para evitar que España tenga deudas ingentes pendientes por este asunto, además de embargos en varios países a punto de ejecutarse. El Gobierno espera que la Comisión Europea decida definitivamente sobre si pagar esas indemnizaciones serían consideradas ayudas de Estado por la UE, lo que permitiría a España no pagarlas.

Teresa Ribera, nueva comisaria de Competencia y Transformación Verde, se comprometió a apartarse de ese proceso en el examen previo que tuvo que pasar ante los eurodiputados en noviembre.