Países Bajos embarga a España el Instituto Cervantes de Utrecht por impagos del Gobierno a Toyota

• Benjamín Santamaría @benjaefe
• Economista, analista, conferenciante y máster de educación con especialidad en Economía. Redactor de economía y empresas en OKDIARIO y autor de 'La economía a través del tiempo' en el Instituto Juan de Mariana. Miembro de la junta directiva del Centro Diego de Covarrubias.
• • 27/04/2026 23:15
  • Actualizado: 27/04/2026 23:35

La Justicia de Países Bajos ha embargado a España el edificio del Instituto Cervantes en Utrecht por los impagos a las renovables del Gobierno de Sánchez, en este caso a una filial de Toyota. En concreto, la decisión está vinculada al impago de la deuda que arrastra el Ejecutivo por el caso Eurus, filial de energía de la compañía japonesa. Ahora, los impagos de las indemnizaciones reconocidas a las empresas afectadas por el recorte de las primas renovables han motivado el embargo de este inmueble.

La medida adoptada por la justicia neerlandesa a instancias de los acreedores del Reino de España ha quedado ya inscrita en el registro de la propiedad neerlandés y afecta a la titularidad de un activo situado en el número 3 de Domplein, en pleno centro histórico de la ciudad.

El inmueble del Instituto Cervantes que Países Bajos embarga a España está ubicado en una zona muy cotizada, de modo que tiene un valor económico relevante. Por tanto, la decisión de la Justicia supone un duro golpe para el país.

El edificio histórico consta de cuatro alturas y está ubicado en Domplein, una de las áreas más emblemáticas de la localidad de Utrecht. A partir de estimaciones de mercado, cabe imputar a la propiedad un valor cercano a los 10 millones de euros. Los acreedores estudian ahora avanzar hacia una eventual subasta pública del inmueble.

Países Bajos y el Instituto Cervantes

El embargo ha sido autorizado por el Tribunal de Distrito de La Haya, que el pasado 19 de marzo de 2026 concedió la ejecución en Países Bajos de los laudos arbitrales dictados en relación con el caso Eurus.

Sobre esta base, y tras haber sido España formalmente notificada el 20 de abril de 2026 sin que se produjera el pago de la indemnización pertinente, el 24 de abril se ha autorizado el embargo ejecutivo del inmueble.

El centro del Instituto Cervantes en Utrecht no constituye un órgano indispensable para la acción diplomática española, al tratarse de un ente cultural que también alberga eventos y conferencias, de modo que un eventual recurso que alegue inmunidad soberana tendrá escaso recorrido, habida cuenta del tipo de propiedad y del uso que se da a la misma.

Esta decisión se enmarca en el marco de una cascada de derrotas judiciales que ponen de manifiesto la muy precaria situación en que se encuentra el Reino de España como consecuencia de los impagos reiterados de los laudos de las renovables.

Impagos a las renovables

En Estados Unidos, siete de las empresas acreedoras han derrotado a España, de tal manera que los tribunales norteamericanos han reconocido una deuda de 688 millones de euros y han autorizado procedimientos de descubrimiento de activos del Estado español que afectan, por ejemplo, a la operativa de la selección española en el Mundial de Fútbol de 2026.

No hay que olvidar que la justicia belga bloqueó recientemente 482 millones de euros que debía percibir España en concepto de gestión de tráfico aéreo, pero que han sido consignados para resarcir a las empresas afectadas.

En paralelo, la Justicia británica ha zanjado ya su revisión de esta controversia y, a través de una histórica sentencia del Tribunal Supremo, ha ratificado que España se ha convertido en un país deudor y que debe pagar sus deudas si quiere evitar nuevos embargos de bienes y activos.

El Tribunal Supremo de Australia se ha pronunciado en la misma línea, reconociendo cuatro denuncias valoradas en 469 millones de euros. Por otro lado, el Tribunal Supremo de Singapur viene de fallar en la misma línea, reconociendo un primer laudo contra España, valorado en más de 100 millones de euros.

En total, España debe 2.309 millones de euros a las empresas que sufrieron la retirada retroactiva de las primas renovables y han venido sufriendo los continuos impagos de estas sentencias.

El monto principal asciende a 1.754,7 millones, pero se incrementa en otros 545,6 millones como resultado de la acumulación de intereses de demora, honorarios de consultores y bufetes, condenas en costas…

Los acreedores piden al gobierno español que ponga fin de una vez por todas a esta controversia, recordando que ya se llegó a un acuerdo satisfactorio para zanjar el caso que afectaba a la empresa JGC. «Insistir en los impagos solamente traerá más embargos y descrédito internacional», aseguran fuentes cercanas a los casos.