La inversión extranjera en energía cae un 68% por la presión fiscal del Gobierno sobre el sector
España ha pasado de recibir 6,4 millones de euros en 2018 a ingresar un total de 2 millones foráneos en el sector en 2025
Desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, España ha perdido más de 4,4 millones de euros de inversión extranjera en suministro de energía eléctrica, vapor, gas y aire. Concretamente, el país ha pasado de recibir 6,4 millones de euros en 2018 a ingresar un total de 2 millones en todo 2025.
Según los datos oficiales de la Secretaría de Estado de Comercio, el aumento de controles a la inversión foránea en sectores estratégicos y la elevada presión fiscal sobre la energía habría acabado en estos ocho años con más del 68% de esta inversión que llegaba desde fuera de nuestras fronteras.
Sin embargo, el dato fue todavía más alarmante en 2019. Tan sólo un año después de que comenzara la legislatura de Sánchez, España dejó de recibir de inversores extranjeros un 85% del dinero que sí se había embolsado en 2018. El sector energético del país sólo atrajo el primer año del Ejecutivo socialista 941.687 euros, quedándose así sin llegar ni siquiera al millón.
Presión fiscal energética al alza
A nivel nacional, como en el ámbito internacional la presión fiscal a la que se encuentran sometidas las compañías energéticas en España está empezando a suponer una carga difícil de sobrellevar. De hecho, Bruselas ya ha dado un toque de atención al respecto.
En la actualidad, la implementación de un nuevo impuestazo a las energéticas que ha exigido a Bruselas el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, choca frontalmente con los planes de la Unión Europea (UE) para abaratar la factura de la luz.
Hace tan sólo un mes, la Comisión Europea presentó un nuevo paquete energético en el que solicitó a los Estados miembros que rebajaran los impuestos de la factura de la electricidad para hacer más asequible el consumo energético a los ciudadanos.
Sin embargo, estas últimas semanas el Gobierno de Sánchez ha pedido al Parlamento Europeo que las compañías eléctricas paguen un plus en impuestos para cubrir los gastos extraordinarios derivados de la guerra de Irán.
En este sentido, mientras la iniciativa energética planteada por Bruselas podría suponer una rebaja del 15% de la factura de la luz, el nuevo castigo fiscal del Ejecutivo al sector «crea inseguridad jurídica y ahuyenta a los inversores, justo en el momento en el que más necesario es apostar», tal y como destacó hace pocos días la Asociación Empresarial Eólica (AEE).
La patronal eólica, de la que forman parte empresas como Endesa, Iberdrola, Naturgy, Moeve o Repsol, entre otras, alertó de que la sombra de dicho nuevo impuesto impactaría en las decisiones de inversión en las tecnologías renovables.
Pierde atractivo para los inversores
Con todo ello, de acuerdo con el informe publicado hace una semana por Kearney, España ha perdido cuatro posiciones en la clasificación de los países más atractivos para la inversión extranjera en su totalidad, también en energía, al pasar del 11º al 15º lugar.
Según el ranking, en 2026 España se sitúa en la decimoquinta plaza, penalizada por factores como el elevado nivel de deuda pública, la persistencia del desempleo y el ya mencionado refuerzo de los controles a la inversión foránea en sectores estratégicos, según el «Índice de Confianza para la Inversión Extranjera Directa (FDI) de 2026».
El índice, que ordena los mercados con mayor probabilidad de captar inversión extranjera directa en los próximos tres años, habla de un «reposicionamiento del país en torno a sectores estratégicos» y enmarca la evolución de España en un «contexto de creciente competencia internacional» por atraer capital exterior.
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