El Supremo frena el intento de Santa Bárbara de ocultar documentos en su batalla contra Indra y Defensa

• Jose de la Morena @josedelamorena
• Jose de la Morena, periodista especializado en economía desde hace más de 15 años, desarrolla su labor en el campo de la comunicación desde el prisma de las tendencias, los números y resultados de las distintas compañías. Una tarea que le ha llevado a conocer a fondo el mundo empresarial. Ha trabajado también en comunicación corporativa y como asesor para distintas marcas internacionales e institucionales.
• • 03/03/2026 05:45
  • Actualizado: 03/03/2026 05:45

El Tribunal Supremo ha rechazado el intento de Santa Bárbara Sistemas de limitar el acceso a determinados documentos en el procedimiento judicial que mantiene contra el Gobierno por los millonarios préstamos concedidos a la UTE formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering dentro de los Programas Especiales de Modernización (PEM). La sala de lo Contencioso-Administrativo considera que no cabe restringir ni fragmentar la documentación relevante para el litigio, al afectar al derecho de defensa de las partes personadas.

El auto no entra todavía en el fondo del asunto (la legalidad de los más de 3.000 millones de euros en préstamos vinculados a los programas ATP Ruedas y ATP Cadenas), pero sí marca un primer revés procesal para Santa Bárbara en su estrategia judicial frente al ministerio de Defensa y las empresas adjudicatarias.

La compañía, controlada por el grupo estadounidense General Dynamics, recurrió el Real Decreto 915/2025 en la parte que designa como beneficiaria a la UTE Indra-Escribano para el desarrollo de los proyectos de movilidad terrestre sostenible. En concreto, impugna las partidas de 1.181 millones para el programa ATP Ruedas y 1.821 millones para ATP Cadenas, además de otros aspectos regulatorios asociados a la concesión directa de los préstamos.

La batalla por la confidencialidad

En el marco del procedimiento, Santa Bárbara solicitó al Supremo que varios documentos aportados junto a su recurso fueran declarados confidenciales al amparo de la Ley de Secretos Empresariales. Además, pidió que el acceso quedara restringido a un número muy limitado de personas (una por cada parte y sus respectivos abogados y procuradores) y que se prohibiera cualquier utilización o difusión de su contenido.

No solo eso. La empresa también pretendía que a algunas de las UTE personadas como codemandadas (en concreto, la UTE Indra-Telefónica y la UTE Cipherbit-Epicom) únicamente se les facilitara «extractos» de los escritos procesales, excluyendo los motivos completos de impugnación y parte de la documentación asociada a la designación de Indra-Escribano como beneficiaria de los préstamos.

El Supremo rechaza de plano esta petición. La Sala recuerda que los documentos han sido aportados voluntariamente por la propia recurrente y que, si son relevantes para la resolución del litigio, no pueden ocultarse ni recortarse para determinadas partes. Subraya además que no resulta compatible con el derecho a la tutela judicial efectiva entregar versiones parciales o fragmentadas de los escritos cuando guardan relación directa con el objeto del proceso.

En su resolución, el tribunal señala que no puede ejercer un control posterior sobre el número de personas que accedan a la documentación dentro de cada parte personada, aunque sí advierte expresamente de que pesa sobre todos los intervinientes un deber general de reserva y confidencialidad.

Más de 3.000 millones en juego

El trasfondo del procedimiento es uno de los mayores paquetes de financiación industrial ligados al sector de defensa en los últimos años. Los programas ATP Ruedas y ATP Cadenas forman parte de la estrategia de modernización de capacidades terrestres impulsada por el Ejecutivo, con un volumen conjunto que supera los 3.000 millones de euros.

Santa Bárbara, tradicional proveedor de vehículos blindados para el Ejército español, cuestiona el modelo de concesión directa de los préstamos y la designación concreta de la UTE Indra-Escribano como beneficiaria. La pugna no es solo jurídica, sino también industrial: está en juego el liderazgo en el ámbito de la fabricación avanzada de plataformas terrestres y la configuración futura del ecosistema de defensa en España.

Por su parte, tanto Indra como Escribano defendieron ante el tribunal que, en caso de existir documentación sensible en el expediente administrativo, se aplicaran las garantías previstas en la normativa de secretos empresariales. Sin embargo, tras examinar el expediente remitido por la Administración, las propias codemandadas manifestaron que no habían identificado documentos que debieran recibir tratamiento confidencial adicional.

Aunque se trata de una decisión procesal, el pronunciamiento tiene relevancia estratégica. En litigios de alta complejidad técnica y económica como este, el control de la información puede condicionar la posición de cada actor. El Supremo ha optado por priorizar la igualdad de armas y el derecho de defensa frente a la pretensión de segmentar el acceso documental.

El procedimiento seguirá ahora su curso ordinario y será en fases posteriores cuando el alto tribunal deba pronunciarse sobre el fondo: si el Gobierno actuó conforme a derecho al articular la concesión directa de los préstamos y si la designación de la UTE Indra-Escribano se ajustó a la normativa aplicable. De momento, la primera escaramuza judicial se salda con un freno a la estrategia procesal de Santa Bárbara en su enfrentamiento con Indra y Defensa.