Las empresas que no hagan esto con sus empleados pueden estar en problemas: hasta 225.000 euros de multa

• Benjamín Santamaría @benjaefe
• Economista, analista, conferenciante y máster de educación. Redactor de economía en OKDIARIO y autor de "La economía a través del tiempo" en el Instituto Juan de Mariana
• • 07/05/2024 08:00
  • Actualizado: 07/05/2024 08:00

Los inspectores tienen reservada una multa de hasta 250.000 euros para las empresas que no cumplan con sus obligaciones con los empleados. Es decir, aquellos empresarios que no den de alta en la Seguridad Social a sus trabajadores pueden recibir sanciones de cuantías muy elevadas. De hecho, esta es una de las infracciones más comunes de entre todas las que detecta la Administración.

La Inspección de Trabajo ha detectado una grave infracción que se está volviendo muy recurrente en los últimos meses. En concreto, muchas personas que se encuentran trabajando no están registradas en la Seguridad Social, por lo que están percibiendo, a su vez, un subsidio de desempleo.

En este contexto, no solicitar la afiliación inicial o el alta de estas personas trabajadoras, o hacerlo fuera del plazo establecido, será considerado una infracción grave. Esta infracción se agravará aún más si las personas afectadas están percibiendo prestaciones por desempleo.

Multa para las empresas

El Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, establece las sanciones para las empresas que no den de alta a sus empleados en la Seguridad Social. Según el artículo 22 de esta normativa, no solicitar la afiliación de un trabajador o hacerlo fuera del plazo, como resultado de una inspección, constituye una infracción por cada empleado afectado.

Las multas por estas infracciones oscilan entre los 3.750 y los 12.000 euros en los casos más graves. Si la solicitud de afiliación se realiza fuera de plazo sin intervención de la Inspección, las multas van desde los 751 euros hasta los 7.500 euros.

Si una persona trabajadora no ha sido dada de alta y está recibiendo la prestación por desempleo, se considera una infracción muy grave por parte de la empresa contratista, según el artículo 23.

Esta disposición establece que proporcionar empleo a una persona que recibe pensiones u otras prestaciones de la Seguridad Social, cuyo disfrute sea incompatible con el trabajo asalariado, constituye una infracción muy grave. Las empresas que incurran en esta práctica podrían enfrentarse a multas de hasta 225.000 euros.

Además de las infracciones mencionadas, las empresas deberán abonar las cuotas de la Seguridad Social que no hayan pagado previamente. Además, la persona trabajadora adquirirá automáticamente la condición de empleada fija en la empresa.

Es decir, una vez que la Seguridad Social tenga conocimiento de que la persona ha estado trabajando sin estar dada de alta, se convertirá en una empleada fija a jornada completa.

La sentencia 171/2022 de la Audiencia Nacional, emitida el 23 de diciembre de 2022, dictaminó que una empresa debía pagar una multa de más de 120.000 euros por ocultar información sobre las cotizaciones de sus empleados durante una inspección.

El caso se originó durante la pandemia de Covid-19, cuando la Inspección de Trabajo tuvo que adaptar sus procedimientos a correos electrónicos y comunicaciones telefónicas. En febrero de 2020, la Inspección solicitó a la empresa datos de cotización de sus empleados de los últimos cinco años en formato Excel, incluyendo complementos salariales y horas extraordinarias.

A pesar de los requerimientos y la falta de documentación, la empresa no proporcionó la información completa hasta agosto. Además, la documentación entregada carecía de justificación de gastos y no incluía las cantidades en los recibos de salario de los empleados.

Tras varios requerimientos adicionales, la empresa no proporcionó los datos requeridos en el formato adecuado. Por lo tanto, la Inspección consideró que la empresa estaba obstruyendo la investigación y la multó con más de 120.000 euros.

Consecuencia e impacto de una multa

Las multas pueden acarrear una serie de problemas para una empresa, tanto a nivel financiero como reputacional. En primer lugar, las multas pueden representar un gasto significativo para la compañía, especialmente si son de cuantía elevada.

Esto puede afectar negativamente a la situación económica de la empresa, sobre todo si no se contaba con ese gasto previsto en el presupuesto. Además, las sanciones pueden generar tensiones en las relaciones con los clientes, proveedores y otras partes interesadas, lo que podría afectar a la reputación y la imagen de la empresa.

Así, una multa para las empresas puede desencadenar una mayor atención y desconfianza por parte de las autoridades reguladoras, lo que podría resultar en una mayor vigilancia a partir de ese momento y escrutinio de las operaciones de la mercantil.

En algunos casos, las sanciones pueden incluso llevar a acciones legales adicionales o a la imposición de la obligación de pagar grandes cuantías o castigos más graves, como la suspensión de actividades o la revocación de licencias.

Por tanto, las empresas tienen que estar atentas y tomar medidas para evitar las multas. Por ejemplo, las compañías deben de cumplir con las regulaciones aplicables y mantener registros precisos y actualizados. Es más, en caso de recibir una multa, la mercantil tiene que abordarla de manera adecuada y tomar las medidas necesarias para mitigar sus impactos y que la situación no empeore.