El Gobierno de Perú inhabilita a Acciona por falsificación de documentos

El Grupo Acciona ha sido inhabilitado durante 37 meses por el Gobierno de Perú, que le prohíbe participar en procesos de selección y contratación con el Estado. El Ministerio de Economía y Finanzas peruano acusa a la filial de la empresa española en el país andino de presentar documentación falsa en una de las licitaciones públicas a la que acudió en consorcio con la empresa Pinearq.

Según un informe del Tribunal de Contrataciones del Estado de Perú al que ha tenido acceso Okdiario, el organismo ha dispuesto sancionar a la filial de Acciona “por sus responsabilidades en la comisión de infracciones”, en el marco de un proyecto convocado por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para la “elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra” en la «mejora y ampliación» de la «capacidad del tratamiento ambulatorio del cáncer”.

La empresa española no podrá contratar con el Estado peruano durante un plazo de 37 meses

El Tribunal de Contrataciones peruano acusa a la empresa de “presentar documentación falsa o información inexacta, durante su participación en el proceso de selección”, lo cual incluye certificados de trabajo con “firmas falsificadas”, tal como ha revelado el informe pericial encargado por el organismo a un grafólogo.

Por ello la institución establece que “Acciona Infraestructuras Sucursal de Perú y Pinearq han incurrido en la infracción prevista en el artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, imponiéndose a ambas empresas una sanción de inhabilitación”, según indica la resolución.

La sanción ha sido recurrida por la compañía de los Entrecanales, que ha logrado una reducción leve de la misma. Tras estudiar la documentación presentada, el Tribunal ha rebajado un mes el plazo de inhabilitación, situándolo en los citados 37 meses (en la primera resolución la pena impuesta era de 38 meses).

Latinoamérica, un foco de problemas para Acciona

No es la primera vez que Latinoamérica genera problemas a la compañía de la familia Entrecanales. El principal directivo del banco brasileño BTG Pactual, André Esteves, socio de Acciona en la privatización de la concesionaria de aguas catalana ATLL, ha ingresado en prisión acusado de pagar sobornos a testigos del “caso Petrobras”.

El juez investiga el abono de mordidas del 3% a cargos públicos del PT a cambio de contratos, un caso muy similar al que se está investigando ahora por presunta financiación ilegal de CDC mediante el cobro de comisiones a empresas privadas para la concesión de obras públicas.

Chile es otro de los países donde Acciona ha realizado inversiones que se han visto salpicadas por casos de corrupción. La entidad financiera que ha financiado a la empresa española en el país, CorpBanca está siendo investigada por la Fiscalía del país andino por su presunta participación en una trama de pagos ilegales a partidos políticos.

En concreto, la Hacienda de Chile considera que el buque insignia del magnate chileno Álvaro Saieh  puede haber realizado aportaciones irregulares a la Unión Democrática Independiente (UDI)

CorpBanca ha sido la entidad que ha financiado a Acciona en el parque eólico en Punta Palmeras, uno de los proyectos más emblemáticos que tiene la empresa de los Entrecanales en Chile, junto con la desalinizadora de Copiapó, los Túneles de Chiquimata o el Hospital Exequiel Pérez Cortés. Tras la puesta en marcha de la planta, Acciona anunció inversiones en Chile por valor de 400 millones de euros hasta 2017.