El Gobierno admite que no tiene informes sobre el impacto de Mercosur en el campo español

• Jose de la Morena @josedelamorena
• Jose de la Morena, periodista especializado en economía desde hace más de 15 años, desarrolla su labor en el campo de la comunicación desde el prisma de las tendencias, los números y resultados de las distintas compañías. Una tarea que le ha llevado a conocer a fondo el mundo empresarial. Ha trabajado también en comunicación corporativa y como asesor para distintas marcas internacionales e institucionales.
• • 13/04/2026 05:47
  • Actualizado: 13/04/2026 05:47

El ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha reconocido oficialmente que no dispone de informes propios sobre el impacto del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur en el sector agrícola y ganadero español. Así se desprende de una resolución de transparencia del 1 de abril de 2026, en la que el Ejecutivo responde a una solicitud de acceso a información pública sobre uno de los pactos comerciales más sensibles para el campo nacional.

En el documento, el departamento que dirige el área agraria admite que la mayor parte de la información solicitada (incluidos estudios de impacto económico, social y medioambiental, así como análisis sectoriales) no obra en su poder. El motivo que aduce transparencia es que la política comercial es una competencia exclusiva de la Unión Europea, por lo que los análisis y evaluaciones corresponden a la Comisión Europea y no al Gobierno español.

La resolución supone, en la práctica, que España no ha elaborado un diagnóstico propio sobre cómo afectará el acuerdo con Mercosur a sectores clave en nuestro país como la carne, los cereales, el azúcar o el aceite de oliva, pese a la controversia generada en torno a la competencia de productos procedentes de países como Brasil o Argentina.

El Gobierno se remite a Bruselas

El ministerio fundamenta su negativa en la normativa comunitaria. Según explica, es la Comisión Europea la encargada de negociar acuerdos comerciales en nombre de todos los Estados miembro, así como de elaborar los correspondientes estudios de impacto. Por ello, Agricultura rechaza tramitar buena parte de la solicitud alegando que «el órgano competente» es Bruselas.

Esta respuesta se repite en prácticamente todos los bloques solicitados, desde los criterios de fijación de cuotas de importación hasta las comunicaciones con la Comisión Europea o las medidas de protección para los sectores afectados. En todos ellos, el Ejecutivo se limita a señalar que no dispone de la información o que corresponde a instancias europeas. Más allá de la responsabilidad de Bruselas, lo que queda claro también es que España no cuenta con los informes de impacto con que debería, y más a la hora de poner en marcha un acuerdo de tamaña magnitud como es el de Mercosur.

Incluso en aspectos especialmente sensibles, como los controles sanitarios o fitosanitarios de los productos importados, el ministerio sostiene que la responsabilidad recae en la Comisión Europea, que es quien realiza auditorías y verifica las condiciones de los países terceros.

Sin estudios del impacto de Mercosur

Dentro del reconocimiento de no contar con informes propios, lo que hace el ministerio es remitirse a estadísticas generales de comercio exterior y a herramientas como la Red Contable Agraria Nacional (RECAN) o los estudios de costes (ECREA).

Sin embargo, el propio documento aclara que estos materiales «no han sido elaborados específicamente para evaluar el acuerdo UE-Mercosur», lo que evidencia la ausencia de un análisis directo sobre sus consecuencias.

Más allá de los informes de impacto, la resolución también rechaza facilitar documentación sobre cuestiones críticas como los contingentes arancelarios, las negociaciones técnicas o las posibles medidas de compensación para los productores españoles.

La falta de informes propios por parte del Gobierno llega en un momento en el que el acuerdo con Mercosur genera una fuerte preocupación en amplios sectores del campo español. Organizaciones agrarias han advertido en reiteradas ocasiones del riesgo que supone la entrada de productos de terceros países con menores costes de producción y estándares diferentes.

Pese a ello, la respuesta oficial refleja que España no ha desarrollado un análisis independiente sobre el impacto del acuerdo, limitándose a apoyarse en estudios comunitarios y en datos generales no diseñados específicamente para este fin.