El CES propone que el Estado costee el bono social vía presupuestos

El Consejo Económico y Social (CES) considera que el bono social eléctrico debería ser financiado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), en lugar de ser asumido por el conjunto de las comercializadoras eléctricas.

En un informe sobre el sector eléctrico en España, el CES, el principal organismo consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral, señala que la energía eléctrica es un bien de «primera necesidad», por lo que el Estado debería garantizar su acceso a ella a todos los ciudadanos, «sufragando su coste a los hogares más vulnerables, en lugar de depositar la responsabilidad en las empresas comercializadoras».

El pasado mes de octubre, el Gobierno aprobó el nuevo modelo de bono social eléctrico, estableciendo la obligación a las empresas comercializadoras (o sus matrices, en el caso de grupos empresariales) de financiarlo, en función de su cuota de clientes, y manteniendo así el sistema por el cual el coste del bono social es asumido por estas compañías como un servicio de interés general, sin cargarlo sobre los consumidores o los PGE.

Asimismo, el CES cree que sería conveniente revisar los instrumentos fiscales, incluyendo medidas de protección y apoyo a los trabajadores afectados y a los colectivos vulnerables. A este respecto, recomienda plantearse la aplicación del tipo de IVA previsto para ese fin.

Además, aconseja extender la aplicación del bono social al total de la factura de los consumidores vulnerables, ya que los límites de consumo anual de (a partir de 1.200 kWh) que establece la nueva regulación «son muy bajos si se tiene en cuenta el consumo medio por hogar, lo que reduce la eficacia de la medida en su conjunto».

Otras barreras, según el CES, que podrían dificultar esa transición son las disfunciones en la determinación de precios de la electricidad, «los más elevados de Europa, por incremento de costes ajenos al suministro, que responden a decisiones de política energética, de cohesión social o medioambiental, que resulta discutible deban ser financiados a través de la factura eléctrica».

También cita el riesgo «de impacto inicial de la descarbonización sobre el empleo y la actividad económica de regiones como las zonas mineras», las «carencias en protección a consumidores más vulnerables» y los «tipos de IVA excesivos».

El CES también plantea que el marco regulatorio del sistema eléctrico «requiere reformas para solucionar problemas actuales» y dar respuesta a los retos futuros y que estas reformas deben hacerse de manera que puedan aprovecharse las oportunidades que se perfilan en el proceso de transición.

Entre los problemas, cita las tensiones en el mercado, la inseguridad jurídica en ciertas inversiones y la volatilidad de los precios.

Ello afecta, según el CES, a las actividades económicas que consumen electricidad y a los consumidores domésticos, en especial a los más vulnerables dado su carácter de bien de primera necesidad, además de dificultar los procesos inversores en el sector.

El sector eléctrico supone casi una cuarta parte del consumo de energía final en España, sólo por detrás de los productos petrolíferos, que constituyen algo más de la mitad del total.

Desde el punto de vista de la actividad económica, el peso directo de las actividades de producción y distribución de energía eléctrica está en torno al 2 % del PIB.

El volumen de empleo se situó en alrededor de 80.000 personas en 2016, siendo un empleo significativamente más estable, más cualificado y con retribuciones más altas que el promedio, según el CES.