Bruselas investiga a España por el único arbitraje que abonó a un fondo por los impagos a las renovables
Más problemas para el Gobierno por los impagos a las renovables. Bruselas investiga el pago por parte de España de 23,5 millones de euros a la japonesa JGC Holdings de un laudo arbitral por los impagos a las renovables. La Comisión Europea ha abierto este martes esta investigación al considerar que se podría tratar de una ayuda de Estado incompatible con las normas de la Unión Europea.
Bruselas considera que tanto el laudo arbitral como el pago de la indemnización podrían constituir una ayuda de Estado, al otorgar a la empresa una ventaja económica derivada del antiguo régimen español de apoyo a las renovables, que nunca fue notificado al Ejecutivo comunitario para su aprobación, señala.
Un tribunal arbitral concluyó en 2021 que España había incumplido el Tratado sobre la Carta de la Energía y le ordenó pagar una indemnización de 23,5 millones de euros, además de intereses y costas. Los derechos del laudo fueron cedidos posteriormente al fondo estadounidense Blasket Renewables Investment, que ha promovido su ejecución en varios países, entre ellos Países Bajos, Estados Unidos y Bélgica, y al que, según la Comisión, España ya ha abonado la cantidad correspondiente.
El Ejecutivo comunitario argumenta que la indemnización podría vulnerar el reparto de competencias establecido en los Tratados de la UE, al entender que dicho tribunal sustituyó con su decisión la evaluación que corresponde realizar en exclusiva a la Comisión sobre la compatibilidad de las ayudas de Estado con el mercado interior.
Bruselas duda de que la compensación cumpla los requisitos exigidos por la normativa europea para autorizar ayudas públicas a proyectos de energías renovables. En este sentido, examinará si ese apoyo adicional era necesario, si tenía un efecto incentivador y si resulta proporcionado, así como si concede a JGC una ventaja que pueda falsear la competencia, teniendo en cuenta que las instalaciones de la compañía ya se beneficiaban del régimen de ayudas aprobado por España en 2013, según señala el Ejecutivo comunitario.
La apertura de la investigación ofrece ahora a España y al resto de partes interesadas la posibilidad de presentar alegaciones antes de que la Comisión adopte una decisión definitiva sobre la compatibilidad de la medida con las normas europeas de ayudas de Estado.
Este es uno de los argumentos que ha utilizado el Gobierno de Pedro Sánchez para no pagar decenas de otros laudos arbitrales que condenaban a España a pagar una indemnización por los impagos a las renovables.
Sin embargo, los fondos acreedores han acudido a los tribunales ordinarios de países como Estados Unidos o Reino Unido, que les están dando la razón y están permitiendo a estos fondos que inicien los embargos de bienes españoles en esos países.
Según los fondos acreedores, la deuda de España es superior a los 2.000 millones de euros. El último éxito ha sido la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de rechazar el argumento de España para no pagar esas indemnizaciones, lo que despeja el camino a los fondos para los embargos.
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