Bruselas concluye que España cumple con la regla de gasto por la excepción fiscal para Defensa

Bruselas ha concluido España ha sobrepasado el gasto neto permitido por las reglas europeas pero determina que cumple con la regla de gasto europea gracias a la excepción fiscal para los gastos de Defensa. La Comisión Europea considera por esta razón compatible con las reglas fiscales comunitarias que el Gobierno rebase la senda presupuestaria pactada con Bruselas durante esos ejercicios.

Esta conclusión forma parte de las recomendaciones específicas para España publicadas este miércoles dentro del paquete de primavera del Semestre Europeo, en las que Bruselas constata que el crecimiento del gasto neto superó en el pasado año el máximo pactado con el Consejo y prevé una nueva desviación durante este ejercicio.

Según los cálculos de la Comisión, este indicador creció un 4,8% en 2025, por encima de la tasa máxima recomendada, lo que supone una desviación equivalente al 0,4% del PIB. No obstante, el Ejecutivo comunitario subraya que este incumplimiento «se sitúa dentro de la flexibilidad de la cláusula nacional de escape» teniendo en cuenta las estimaciones actuales de gasto en defensa.

Fuentes comunitarias explican que la activación de esta excepción modifica además la forma en que se evalúa el cumplimiento de las reglas fiscales. Una vez concedida la flexibilidad para reforzar las capacidades militares, Bruselas deja de fijarse en la desviación anual aislada y pasa a analizar la evolución acumulada del gasto tomando 2024 como año de referencia e incorporando el margen adicional asociado a ese incremento presupuestario.

Bruselas considera que España mantuvo todavía en 2025 un pequeño margen positivo equivalente al 0,1% del PIB, gracias a la aplicación de la cláusula nacional de escape, pese a que el crecimiento anual del gasto superara la referencia acordada.

De cara a las previsiones para este año, Bruselas prevé que el gasto neto aumente un 5,1%, también por encima de la senda pactada, lo que equivaldría a una desviación anual del 0,6% del PIB. Sin embargo, una vez descontada la flexibilidad autorizada para financiar el incremento del gasto militar, la desviación acumulada se reduce al 0,4% del PIB, según el análisis de la Comisión.

Las mismas fuentes explican que esta evaluación tiene en cuenta el incremento previsto del gasto en defensa respecto a 2024, que según las estimaciones de Bruselas pasará del 0,9% del PIB en el año de referencia al 1,2% del PIB en 2026. A la luz de estas previsiones, la Comisión considera que la desviación acumulada se mantiene dentro de los márgenes contemplados por la cláusula.

Pese a ello, Bruselas sigue apreciando «riesgos» para España de cara a este año, dado que la evolución prevista del gasto se aproxima a los límites contemplados por las nuevas reglas fiscales, según explican las citadas fuentes.

Bruselas insta a España a respetar la senda de gasto acordada en enero de 2025 «haciendo uso de la flexibilidad prevista en la cláusula nacional de escape para un mayor gasto en defensa», al tiempo que reclama reforzar las capacidades de defensa garantizando la eficiencia del gasto y adaptando progresivamente el presupuesto a un nivel estructuralmente más elevado de inversión militar.

La publicación de las recomendaciones coincide además con el anuncio de la Comisión de que los Estados miembro podrán solicitar una ampliación del alcance de la cláusula nacional de escape para incluir determinadas inversiones destinadas a reforzar la seguridad energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados.

La medida permitirá incorporar actuaciones adoptadas desde febrero de este año para impulsar la electrificación, reforzar las redes eléctricas, aumentar la capacidad de almacenamiento energético o acelerar el despliegue de energías limpias.

Bruselas precisa, no obstante, que esta flexibilidad estará limitada a un máximo del 0,3% del PIB anual y del 0,6% acumulado entre 2026 y 2028, dentro del margen ya autorizado del 1,5% del PIB para gasto en defensa, y recalca que se mantendrán intactas las salvaguardas destinadas a garantizar la sostenibilidad fiscal.

Fuentes comunitarias señalan que este nuevo instrumento podría ampliar aún más el margen disponible para países como España, aunque subrayan que será necesario determinar qué inversiones concretas podrán acogerse a esta flexibilidad y en qué cuantía.

Según las primeras estimaciones manejadas por la Comisión, la nueva cláusula energética podría aportar hasta tres décimas adicionales de margen fiscal al año, lo que permitiría ampliar el colchón existente respecto a los límites actuales.