Anticorrupción ‘salva’ a Deloitte pero vapulea a su socio acusándole de tapar las cuentas manipuladas de Bankia

La fiscal anticorrupción Carmen Launa ha empeorado mucho la situación procesal del auditor jefe del sector financiero de Deloitte, Francisco Celma, sentado en el banquillo de acusados del juicio por la salida a bolsa de Bankia y hasta ahora acusado tan sólo por la acusación popular personificada en la CIC de Andrés Herzog.

Celma, que defendió en todo momento la honorabilidad de su actuación y ha sido apoyado por Deloitte, fue desde el principio de la vista oral uno de los objetivos de los acusados, pues en ausencia de los reguladores Banco de España y CNMV en el banquillo, su auditora aparecía como principal responsable de no haber detectado los problemas contables que llevaron al traste a la entidad y causaron pérdidas millonarias a sus inversores. Según el relato de Anticorrupción Celma conocía los problemas contables y no avisó de los mismos, por lo cual se le imputa el delito de falsedad contable uniéndose al de estafa que le imputa la acusación popular.

«Limitado e irregular»

La fiscal Launa ha sido muy clara con Celma, al acusarlo de tener una participación fundamental en el fraude de Bankia «al emitir auditorías positivas sin salvedades en las cuentas incluidas en el folleto con reprochables técnicas de auditoría (…) Tales auditorías no solo otorgaron confianza al inversor, sino que también evitaron que los órganos supervisores, Banco de España y CNMV, adoptaran mayores cautelas».

El relato de la Fiscalía continúa con dureza: Celma «omitió conscientemente en su limitado, anómalo e irregular análisis, la práctica de cualquier tipo de diligencia que hubiera podido provocar la afloración del déficit ocultado, e incurriendo en abultados errores que invalidaron los parámetros utilizados».

La fiscal considera probado, aunque tendrá que ser el tribunal de la Audiencia Nacional el que lo certifique, que «el trabajo de auditoría de Francisco Celma fue de forma consciente, extraordinariamente insuficiente, omitiendo cualquier trabajo de estudio y valoración que hubiera puesto de manifiesto los deterioros no registrados en las cuentas auditadas».

Y para terminar todo, «ni siquiera se contrastaron el supervisor las presuntas autorizaciones otorgadas para el peculiar tratamiento contable referido».

Dos años de prisión

Por todo ello, reclama la fiscal que se pidan para Celma «dos años de prisión, multa de diez meses con una cuota diaria de 200 euros con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas de multa, con el límite establecido en el artículo 53.3 del Código penal, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de la actividad bancaria durante el tiempo de la condena».

Se trata de una petición de condena dura que coloca al auditor de Deloitte no al mismo nivel que los cuatro principales acusados -Rato, Norniella, Verdú y Sánchez Barcoj- aunque inmediatamente por debajo.  Junto con Celma, el interventor de Bankia Sergio Durá también ha visto endurecida su pena, a pesar de que Bankia intentó sacarlo del juicio apelando a la ‘doctrina Botín’.