Altos cargos de Banco Popular en Andalucía dieron falsas hipotecas cuando ya tenían problemas de capital

La contabilidad creativa desempeñada en Banco Popular durante años no es una novedad, porque ya se han ido conociendo prácticas de refinanciaciones suicidas y otro tipo de argucias llevadas a cabo por la entidad bajo la presidencia de Ángel Ron.

Prueba de estas prácticas es el caso que se está investigando en Sevilla, donde altos cargos del banco en Andalucía han declarado ante la Guardia Civil que sacaron 1,3 millones de euros de depósitos mediante 3 hipotecas que se concedieron el mismo día, y que fueron destinadas a empresas en situación de mora que no tenían la posibilidad de devolver los préstamos.

Uno de los investigados por este caso, el empresario Estanislao Asian, declaró a la Guardia Civil que se autorizaron estos préstamos para evitar que los empresarios interpusieran demandas contra el banco ya que tras varias reuniones no llegaron a un acuerdo económico y acordaron la aprobacion de estos prestamos para compensar a las empresas que querían pleitear contra el banco y evitar unas demandas de más de 10 millones de euros.

De esta manera, la cantidad tendría que salir de la cuenta de resultados de la entidad de 2014, saliendo de los depósitos de los clientes de Banco Popular y ocultando durante dos años la mora de todas las operaciones.

Por el momento no hay constancia de que estas operaciones hayan sido auditadas en las cuentas. En base a los testimonios de empresarios que recibieron los préstamos y directivos del banco, la jueza tiene que decidir si acusarles y mandarlos a juicio o archivar el caso. No se ha podido comprobar por el momento que haya habido enriquecimiento de los directivos que concedieron los préstamos, aunque sí podría haberse incurrido en un delito de administración desleal.

Fue Enrique Bataller, actualmente empleado del Banco Santander, quien ofreció a los empresarios el pacto para darles dinero a cambio de retirar sus demandas

Los empresarios habían interpuesto una demanda contra el Banco Pastor (que luego fue adquirido por el Banco Popular) por insolvencia punible contra la promotora Ospibel, del Pastor, por valor de 10,5 millones de euros. Entonces, según indican en su declaración, el directivo Enrique Bataller, director de recursos jurídicos del Banco Popular en Andalucía y actualmente empleado de Santander, ofreció a los demandantes un acuerdo: 1,6 millones de euros a cambio de retirar la demanda.

Según se comprueba en las investigaciones, esta cantidad salió del banco en un mismo día y en efectivo, mediante cheques bancarios por cuantía igual a la concedida en los préstamos. Según las acusaciones, formalizadas por un empleado del Banco Popular actualmente en Banco Santander, «esta operación no estuvo auditada de ninguna forma y la salida del dinero de la oficina se produjo directamente de los depósitos.

Fue la sucesión de operaciones como esta, de las que seguramente que hay muchas más por todo el país, la que explica la situación contable» del banco cuyos dos últimos presidentes fueron Ángel Ron y Manuel Saracho.

Este periódico se ha puesto en contacto con Banco Santander, actual propietario del Banco Popular que adquirió por un euro tras la resolución de la Junta Única de Resolución (JUR), y el banco presidido por Ana Botín ha preferido no hacer comentarios al respecto.