Los 247 empleados de SAREB denuncian al Gobierno: «Lo han llevado todo a Casa 47 pero despiden a los trabajadores»

• Alicia Bonilla
• Periodista especializada en Economía. Graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.
• • 29/09/2026 12:35
  • Actualizado: 29/09/2026 13:00

El Gobierno ha comunicado la extinción de los contratos de la plantilla de SAREB, formada por unos 274 trabajadores, coincidiendo con el proceso de cierre de la sociedad y mientras Casa 47 asume progresivamente la gestión de los activos destinados a vivienda pública. No obstante, estos trabajadores han impuesto una demanda contra SAREB, ya que consideran que esta continuidad de la actividad supone una transmisión de unidad productiva y reclama que los empleados sean subrogados por Casa 47, manteniendo sus derechos laborales.

De esta forma, en pleno debate sobre la crisis de la vivienda que afecta a España, el Gobierno abocará a la plantilla del SAREB a un despido colectivo para ahorrarse costes salariales, mientras que la entidad pública encargada de dar continuidad a sus funciones contratará y formará a nuevo personal para desarrollar el trabajo que actualmente se lleva a cabo en el SAREB, con el consiguiente gasto añadido de proceso selectivo y formación.

En consecuencia, CSIF ha presentado hoy una demanda exigiendo la subrogación de la plantilla de la Sociedad de Gestión de Activos Procedente de la Restructuración Bancaria (SAREB) a la entidad pública Casa 47. Desde CSIF se entiende que la continuación de la labor de SAREB por Casa 47 constituye «una transmisión de unidad productiva», por lo que debe aplicarse la subrogación de personal prevista en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y la Directiva UE 2001/23/CE relativa al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspaso de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad.

El total de viviendas a transmitir del SAREB a Casa 47 se cifra en más de 40.000, a lo que se suman cerca de 2.400 suelos con capacidad para albergar aproximadamente 55.000 viviendas. Por tanto, los funcionarios que trabajan en la SAREB también advierten de que la transmisión escalonada de activos ha devenido además en una confusión patrimonial entre ambas mercantiles.

Además, denuncian que muchos empleados públicos se ven obligados a renunciar a sus plazas recién ganadas o a pedir excedencias en territorios como Madrid, Barcelona o las Islas Baleares, por los costes actuales de la vivienda.

Para evitar el arraigo de este problema y asegurar que ninguna infraestructura pública se quede sin personal se propone la adaptación de los complementos de destino y la extensión del complemento de residencia a zonas con precios tensionados.

«La vivienda es un problema transversal que requiere soluciones globales para toda la ciudadanía y mientras tanto la Administración debe actuar con responsabilidad para evitar el desmantelamiento involuntario de nuestros servicios públicos en los lugares más afectado», defienden.