El vicealcalde de Alicante niega conocer el escándalo de las VPP hace 4 años y aboca a la ex directora general investigada a un expediente

• Ignacio Martínez
• ALICANTE
• Responsable de OKDIARIO en la Comunidad Valenciana
• • 08/10/2026 15:21
  • Actualizado: 08/10/2026 15:21

El vicealcalde del Ayuntamiento de Alicante, Manuel Villar, ha negado este jueves ante el pleno extraordinario convocado por el caso de las supuestas irregularidades en la concesión de las viviendas de protección pública de la urbanización Les Naus que la entonces directora general y ahora investigada en la causa, María Pérez-Hickman, le revelara en el año 2022 que sus hijos y un sobrino habían ingresado en la cooperativa que daba acceso a esas viviendas protegidas, a las que ya se conoce como las VPP del escándalo. La respuesta de Manuel Villar aboca a María Pérez-Hickman a un expediente informativo, tal como ha solicitado la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Alicante, Carmen Robledillo, antes de la intervención del vicealcalde, a lo que ha accedido el Grupo Popular.

María Pérez-Hickman ostentaba el cargo de directora general de Contratación Pública y Gestión de Fondos del Ayuntamiento de Alicante. Pero, el 30 de enero de este año 2026, dimitió. La renuncia se produjo horas después de que el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, anunciara que llevaría a Fiscalía cualquier sospecha de irregularidad en torno a las adjudicaciones en la citada promoción y de que un día antes, el pasado miércoles, ordenase la apertura de un expediente de aclaración de hechos. Vox, socio de Gobierno del PP en este consistorio, ya había instado antes a Barcala a destituir a Pérez-Hickman.

El pasado 22 de abril, la titular de la Plaza Número 5 del Tribunal de Instancia de Alicante, María Amparo Rubio, que investiga la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) de la urbanización Les Naus, citó a declarar a 15 personas en calidad de investigadas y, entre ellas, a la ex concejal de Urbanismo, Rocío Gómez; María Pérez Hickman, un arquitecto municipal, el administrador de la cooperativa y el jefe de sección de Vivienda Protegida de la Consellería de Vivienda. También fueron llamados a declarar como investigados 10 propietarios de las citadas viviendas.

En la actualidad, María Pérez-Hickman mantiene el puesto de su escala funcionarial, el de Jefa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante. La investigada había declarado el pasado 20 de mayo ante la juez que instruye la causa que ella misma avisó a Manuel Villar en febrero de 2022 que sus hijos formaban parte de la cooperativa de la urbanización Les Naus. Pero el Gobierno municipal había trasladado mucho antes a los grupos que fue en enero de este año, 2026, cuando tuvo conocimiento de las posibles irregularidades relacionadas con las adjudicaciones. Es decir, que o María Pérez Hickman no dijo la verdad a la juez o el gobierno municipal de Alicante había mentido.

Esa circunstancia es la que ha motivado el pleno extraordinario municipal que se ha celebrado este jueves, cuyo punto central y único ha sido la comparecencia del vicealcalde, Manuel Villar, que ha tenido que responder a una docena de preguntas de los concejales, efectuadas con carácter previo y por escrito.

Pero, sobre todo, a una. Si María Pérez-Hickman había comunicado en febrero de 2022 a Manuel Villar que familiares de ella habían ingresado en la cooperativa cuyas adjudicaciones están bajo sospecha.

Manuel Villar ha respondido: «No, ni tengo constancia ni he tenido conocimiento alguno de que se me facilitase esa información. Pero, ni yo, ni el entonces jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Alicante, con el que he hablado estos días y me ha confirmado que, para él, tampoco ha existido esa conversación».

La respuesta de Manuel Villar pone en una situación muy complicada a María Pérez-Hickman. Tanto a nivel municipal como judicial, porque lo que se traslada de facto es que la funcionaria ha mentido en sede judicial, aunque su condición es la de investigada. Pero, en el ámbito municipal, la aboca a una apertura de expediente informativo, lo que puede afectar a su carrera funcionarial.