Puig apoyó la tasa turística pese a pagar un informe de 14.900 € que la desaconsejaba

El Gobierno de la Generalitat Valenciana que preside el socialista Ximo Puig pagó 14.900 € por un estudio sobre el impacto en esta Comunidad de la tasa turística, adjudicado a la Universidad de Alicante (UA), cuyas conclusiones desaconsejaban la implantación de la citada tasa en ese territorio y en esos momentos. El informe es de julio del pasado año y se llevó a cabo mientras los socialistas negociaban en paralelo con sus socios en el Ejecutivo (Compromís y Podemos) la puesta en marcha del citado impuesto.

La tramitación de la tasa turística valenciana fue apoyada en las Cortes por los socialistas ese mismo mes de julio y fue aprobada definitivamente en noviembre, aunque su implantación se retrasará hasta 2024. El informe, que aún puede leerse en internet, quedó en el olvido pese al gasto que supuso y que refleja la Plataforma de Contratación del Estado.

La tasa turística es un impuesto sobre las pernoctaciones en alojamientos reglados. Se trata de un gravamen que se aplica desde 2012 en Cataluña y desde 2016 en Baleares, los otros dos territorios que junto a la Comunidad Valenciana conforman esa entelequia que los independentistas denominan países catalanes.

El informe es de julio del pasado año y fue encargado por la Secretaría Autonómica de Turismo, organismo que dirige el socialista Francesc Colomer y que es a su vez un órgano dependiente de Presidencia de la Generalitat. Tenía por finalidad servir para la toma de decisiones durante el periodo de alegaciones y la redacción definitiva de la denominada ley de la tasa turística.

Sin embargo, de poco sirvió el citado encargo, porque ese mismo mes de julio los socialistas valencianos apoyaron en las Cortes de la autonomía la tramitación de la citada tasa turística, que salió adelante por 51 votos frente a 45. Con lo cual, el proceso posterior a esa aprobación fue una sucesiva superación de trámites parlamentaria que se consumó el 24 de noviembre pasado, cuando las Cortes aprobaron, esta vez con 51 votos a favor y46 en contra, la definitiva implantación del impuesto, que no entrará en vigor hasta 2024, una vez hayan pasado las elecciones municipales y las autonómicas, previstas ambas para el próximo 28 de mayo.

El informe es un documento que consta de 129 páginas en las que se desgrana un análisis sobre la idoneidad de la citada tasa en territorio valenciano distribuido en 3 grandes bloques y un sólido capítulo de conclusiones, y que como se ha dicho había costado 14.900 €, se formalizó a través de un contrato menor. De poco o nada sirvió después. 

Porque, a pesar de que sostenía que la implantación de la citada tasa no se consideraba oportuna «a medio plazo» salió adelante, si bien el presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat Carlos Mazón ya ha anunciado -lo hizo inmediatamente después de la aprobación de este nuevo impuesto- que si gana las elecciones derogará la citada tasa, con lo cual, en ese caso, se convertirá en una ley que se apaga antes de su entrada en vigor.

El informe sostiene en sus conclusiones que «actualmente y, al menos, en el medio plazo, no se considera oportuna la aplicación de la tasa turística. Y añade que el hecho de que en la Comunidad Valenciana el alojamiento reglado suponga sólo el 43% de los turistas y, por tanto, apenas un 23% de las pernoctaciones, frente al 60% en Cataluña y el 80% en Baleares, las 2 comunidades que como se ha dicho aplican la tasa turística en España, «hace que la potencial aplicación de la tasa turística en la Comunidad Valenciana no se relaciones con la actividad turística en general sino con un determinado modelo de desarrollo turístico».

El júbilo que produjo su aprobación parlamentaria en la izquierda valenciana no se refleja tampoco en la aceptación que ha tenido la ley de la tasa turística. La Diputación de Alicante y los ayuntamientos de Alicante, Benidorm y Torrevieja ya se han posicionado en contra y estos 3 últimos han anunciado que si de veras su carácter es voluntarios no la implantarán.