El marido de la juez de la DANA pide 6.000 € a Manos Limpias por personarse en el caso de Ángel Batalla

• Ignacio Martínez
• VALENCIA
• Responsable de OKDIARIO en la Comunidad Valenciana
• • 28/04/2026 14:56
  • Actualizado: 28/04/2026 14:56

Jorge Martínez Ribera, titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia, Sección Número 4, que dirige las diligencias previas de investigación contra el ex alto comisionado del Gobierno para la Reconstrucción tras la DANA, José María Ángel Batalla, ha fijado una fianza de 6.000 euros al Sindicato de Funcionarios Públicos Manos Limpias en relación a su personación como acusación popular en el procedimiento. Las diligencias en torno a este caso han sido reabiertas por decisión de la Audiencia Provincial de Valencia, que estimó en apelación los recursos presentados por Manos Limpias y la Diputación de Valencia frente al archivo decretado por el instructor, el mencionado Jorge Martínez Ribera.

Así consta en el auto emitido por el magistrado el 20 de abril, al que ha tenido acceso OKDIARIO: «Requiérase a la acusación popular Colectivo Funcionarios Públicos Manos Limpias al objeto de que consigne en el plazo de 10 días el importe de 6.000 euros». Y así lo han confirmado también fuentes del propio sindicato y otras próximas al citado caso.

Jorge Martínez Ribera es también el marido de la titular del Tribunal de Instancia de Catarroja, Sección de Instrucción, Plaza Número 3, Nuria Ruiz Tobarra. Es decir, de la juez que instruye el caso de la DANA de Valencia.

La cantidad que debe consignar en concepto de fianza Manos Limpias en su personación como acusación popular contra el ex alto comisionado de Pedro Sánchez para la DANA por un supuesto delito de falsedad está fijada en el doble de, por ejemplo, los 3.000 euros que otra juez, la titular de la Plaza Número 5 del Tribunal de Instancia de Alicante, María Amparo Rubio, fijó para la personación de ese mismo sindicato, en su personación en el caso de Les Naus, las conocidas como las VPP del escándalo, en la ciudad de Alicante, que es de 3.000 euros. Y es el doble también de lo fijado por ese mismo concepto en el caso del accidente de tren de Adamuz, como han confirmado, igualmente, fuentes próximas al caso.

José María Ángel Batalla presentó su dimisión a primera hora del pasado 31 de julio, tras el escándalo que supuso la revelación de que utilizó un título universitario falsificado para lograr su plaza como funcionario. Martínez Ribera sobreseyó el procedimiento en dos ocasiones frente a las acciones interpuestas por el Sindicato de Funcionarios Públicos Manos Limpias y la Diputación de Valencia.

Pero el sindicato que dirige Miguel Bernad recurrió el pasado octubre en apelación ese archivo ante la Audiencia Provincial de Valencia. Y, el 8 de abril de este 2026, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia corrigió al marido de la juez de la DANA y ordenó investigar al ex alto comisionado del Gobierno de Pedro Sánchez para la reconstrucción, el citado José María Ángel Batalla, por un supuesto delito de falsedad.

En el auto en que el magistrado titular de Instrucción 4 de Valencia fija la fianza que debe consignar en su personación de Manos Limpias, incluye hasta dos folios citando jurisprudencia para sostener su decisión. Y, en un párrafo de tres líneas, acaba por concluir esa fianza de 6.000 euros, «que se estima proporcionada para una persona física». 

Hay que recordar que Manos Limpias es un sindicato de funcionarios públicos. Y que ha venido personándose en distintos casos en la Comunidad Valenciana en los últimos tiempos. De hecho, en el antes referido de Les Naus, fue la presentación de su denuncia ante el Juzgado Decano de Alicante la que llevó a trasladar a la actual instructora una causa que, hasta ese momento, estaba siendo investigada por la Fiscalía tras recibir las denuncias, entre otros, del Ayuntamiento de Alicante y del PSOE.

Se da la circunstancia, según ha podido confirmar también OKDIARIO, de que la Diputación de Valencia, que como Manos Limpias ejerce la acusación particular en este caso, ha recibido un escrito del mismo juzgado, en el que se les comunica que tienen que personar procurador, pero nada se les transmite acerca de una fianza.