Manos Limpias recusará al marido de la juez de la DANA en el caso del alto comisionado de Sánchez

• Ignacio Martínez
• VALENCIA
• Responsable de OKDIARIO en la Comunidad Valenciana
• • 29/04/2026 13:38
  • Actualizado: 29/04/2026 13:38

El sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias recusará al magistrado Jorge Martínez Ribera. Este último, es quien instruye las diligencias previas de la causa contra el ex alto comisionado del Gobierno del socialista Pedro Sánchez para la reconstrucción tras la DANA, José María Ángel Batalla. Así lo ha confirmado este miércoles a OKDIARIO el propio responsable del citado sindicato, Miguel Bernad. Martínez Ribera es el titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia, Plaza Número 4. Y es, también, el marido de la instructora del caso de la DANA de Valencia, Nuria Ruiz Tobarra.

La decisión de Manos Limpias es de una enorme trascendencia. Y se produce apenas unas horas después de que OKDIARIO haya adelantado que dos víctimas de la riada del 29 de octubre de 2024 en Valencia han confirmado, tras ser requeridas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las injerencias del marido de la juez en la causa de la DANA. Y han confirmado, también, el contenido de los audios.

En el caso que nos ocupa, en el que se investiga al ex alto comisionado de Pedro Sánchez, José María Ángel Batalla, por un presunto delito de falsedad, hay que recordar que Ángel Batalla presentó su dimisión el 31 de julio de 2025, tras el escándalo que supuso la revelación de que había utilizado un título universitario falsificado para lograr su plaza como funcionario.

El caso recayó en el Juzgado de Instrucción 4 de Valencia, cuyo titular es el mencionado Jorge Martínez Ribera. Este último, sobreseyó el procedimiento contra el ex alto comisionado para la Reconstrucción tras la DANA de Pedro Sánchez por un supuesto delito de falsedad hasta en dos ocasiones frente a las acciones interpuestas por el Sindicato de Funcionarios Públicos Manos Limpias y, también, la Diputación de Valencia. Pero, posteriormente, y en respuesta a un recurso también presentado por Manos Limpias ante la Audiencia Provincial de Valencia, esta última instancia ordenó a Martínez Ribera reabrir el caso.

Una vez ha sido reabierto el caso por orden de la Audiencia de Valencia, el instructor, el marido de la juez de la DANA, ha fijado una fianza de 6.000 euros al Sindicato de Funcionarios Públicos Manos Limpias en relación a su personación como acusación popular en el procedimiento.

Esos 6.000 euros, tal como ha publicado OKDIARIO, suponen, por ejemplo, el doble de los 3.000 euros que otra juez, la titular de la Plaza Número 5 del Tribunal de Instancia de Alicante, María Amparo Rubio, fijó para la personación de ese mismo sindicato, en el caso de Les Naus. Es decir, en la causa de las conocidas como las VPP del escándalo, en la ciudad de Alicante. Los 6.000 euros fijados por el magistrado son, también, el doble de lo fijado por ese mismo concepto en el caso del accidente de tren de Adamuz, como han confirmado, igualmente, fuentes próximas al caso.

Manos Limpias ya inició en 2025 el procedimiento para la recusación del magistrado Jorge Martínez Ribera. El sindicato hacía constar en el escrito, al que entonces tuvo acceso OKDIARIO, que «con fecha 24 de junio, esta parte interpuso denuncia formal ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra la esposa del mencionado magistrado, en relación con sus presuntas actuaciones relacionadas con el procedimiento» de la DANA de este 29 de octubre, que el sindicato «considera antijurídicas y constitutivas de delito de prevaricación judicial, señalando la intromisión del mencionado magistrado en el procedimiento que lleva su esposa».

Y agregaba entonces que Martínez Ribera «era perfectamente conocedor de la presentación de esta denuncia, puesto que los medios de comunicación publicaron la noticia sobre ello».

Añadía Manos Limpias que «tal denuncia, debidamente registrada y en curso de tramitación, evidencia la existencia de un conflicto manifiesto entre el magistrado y esta parte, lo que afecta a la apariencia de imparcialidad exigida constitucionalmente y genera una pérdida de confianza legítima en su neutralidad». De facto, Manos Limpias cree que, dado que el sindicato es denunciante y existe un conflicto, el caso debía derivarse a otro juzgado.