Antonio Pérez: «Aplicar ahora la regla de gasto es una asfixia de Sánchez a los ayuntamientos»

• Ignacio Martínez
• ALICANTE
• Responsable de OKDIARIO en la Comunidad Valenciana
• • 07/06/2025 06:51
  • Actualizado: 07/06/2025 06:51

Antonio Pérez Pérez, presidente de la Diputación Provincial de Alicante, es uno de los políticos que con mayor énfasis se ha pronunciado contra la reactivación de la regla de gasto a los ayuntamientos y entidades locales, entre ellas las diputaciones, por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Una regla que, tal vez, debiera llamarse la del no gasto. Porque, en síntesis, supone que los ayuntamientos no pueden incrementar su gasto por encima de la tasa de referencia del Producto Interior Bruto. Y ello, a pesar de que todos los ayuntamientos y la Diputación de Alicante están más saneados que nunca: «Aplicar ahora la regla de gasto es una asfixia de Sánchez a los ayuntamientos», sintetiza con contundencia el entrevistado.

PREGUNTA.- Una diputación es un ayuntamiento de ayuntamientos. En 2024 el Gobierno de Pedro Sánchez reactivó lo que se llama la regla del gasto ¿Cómo afecta esa regla a una institución que ha hecho los deberes financieros y tiene un remanente de tesorería de 254 millones? ¿Tiene Sánchez secuestrado los ahorros de la Diputación de Alicante?

RESPUESTA.- Si la crisis energética y el encarecimiento de la energía sigue vigente y no ha bajado. Y si en Ucrania sigue habiendo un conflicto bélico y la geopolítica mundial es más compleja en este año 25 que en el año 23 no se explica, si no es por intereses espurios o bien del crecimiento de la deuda del Estado para equilibrar esa balanza o bien porque ahora la mayoría de los ayuntamientos de España los gobierna el Partido Popular, que este año se hayan aplicado de nuevo esas reglas de gasto. Y ha dejado a todos los ayuntamientos de España, y si hablamos de la provincia de Alicante, seguramente a los 141 municipios y a la propia Diputación, condenados a no poder gastar sus remanentes y a no poder destinar esos ahorros a otra cosa que no sea liquidar deuda, cuando la mayoría de las administraciones locales de la provincia no tienen deuda.

Por lo tanto, es una suerte de estrangulamiento, una asfixia que además se suma a otra decisión del Gobierno de España. Para que todo el mundo entienda que no estamos hablando de colores políticos, es un Consejo de Ministros en diciembre del año 24 el que dice que para este año 25 vuelven a operar las reglas de gasto. Es un acuerdo del Consejo de Ministros. Por tanto, otro acuerdo del Consejo de Ministros podría levantar esa disposición y volver a la senda de la prosperidad que hemos podido generar con nuestros ahorros, atendiendo necesidades de las personas, habiten en el Ayuntamiento y en la población que habiten. Pero es que, además, la financiación de las administraciones locales para este año 25, el propio Consejo de Ministros ha decidido retrotraerla a la población del año 23 al no haber Presupuestos Generales del Estado. Y, por lo tanto, ahora la asfixia es doble y así no se puede funcionar.

P.- ¿Cómo les afecta esa regla de gasto impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez en la realización de los planes de la Diputación de Alicante?   

R.- Nos afecta en el Plan+Cerca, en las ayudas sociales que distribuíamos precisamente por los conflictos, y en la atención en servicios sociales con ayudas extraordinarias. Afecta incluso en el bono consumo. Todo aquello que la Diputación Provincial de Alicante estaba dotando económicamente en base a una parte de nuestros ahorros. Son proyectos que tienen que decaer porque no tienen financiación y el Estado no nos va a dar más financiación, sino que de hecho nos ha recortado la financiación que nos toca por población.

Tenemos una administración, en este caso la Diputación, y muchos pueblos de la provincia de Alicante que han crecido en población. Alicante se consolida como la cuarta provincia de España en población, superando los dos millones de habitantes. Sin embargo, el Estado, en su participación de tributos no nos va a reconocer esa población, sino que retrotrae los ingresos que obligadamente, por ley, nos tiene que dar a una población inferior, que es la que teníamos cerrada en enero del año 2023. Esto afecta porque hay muchos proyectos que la Diputación no puede desplegar, al igual que muchos ayuntamientos no van a poder atender todo aquello que hacen con remanentes.

P.- ¿Esto, significa que mientras María Jesús Montero y Pedro Sánchez recaudan de todos los alicantinos que realmente existen en la provincia, solo pagan, a su vez, por los que habitaban este territorio en 2023?                   

R.- En síntesis es así. Y sumando esas dos acciones políticas de decisión política, de voluntad política del Gobierno de Pedro Sánchez, lo que hay es una infrafinanciación de la Administración Local en la provincia de Alicante. Ayuntamientos y Diputación. Ayuntamientos, digo, de cualquier color político, que teniendo ahorros no puede gastarlos, que le han tocado el techo de gasto y que además van a recibir menos financiación del Estado pese a tener más vecinas y vecinos habitando en su municipio.

P.- El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, habló de asfixia de Pedro Sánchez a la Generalitat Valenciana. Pero ¿existe también una asfixia por parte del Gobierno de España a las diputaciones y ayuntamientos que no son de su color político? 

R.- De todos los colores políticos, en realidad. Porque yo creo que un alcalde o alcaldesa, cuando tiene unos ahorros, lo que quiere es hacer buena gestión y prestar servicio. Quiere llegar al último rincón de su población, a las personas más vulnerables y puede tener proyectos importantes a desarrollar. Ahora, la paradoja es que te obligan, por una parte, a dotar todo el presupuesto en base a unos impuestos directos municipales que te rebajan la cuantía de aportación de la participación de tributos del Estado para este ejercicio del 25 y que además te topan tu capacidad de gasto. Y esto es tan sibilino como injusto. En realidad, todo eso se resolvería simplemente levantándole esas reglas de gasto a los municipios, a los ayuntamientos.

P.- ¿Penaliza Sánchez a los ayuntamientos del PP con la regla de gasto?

R.- La mayoría de las administraciones locales, desde junio del año 2023, están gobernadas por ayuntamientos del Partido Popular. Pero no es estrangular solo a los ayuntamientos del Partido Popular. Hay más de un 50% de ayuntamientos en toda España que gobiernan otros partidos. En nuestra propia provincia hay ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista, por Compromís, por grupos independientes. Y que teniendo ahorros van a ver limitada su capacidad de gasto y tienen que seguir teniendo en el banco un dinero que es de los vecinos y de las vecinas. 

P.- Usted ha propuesto formar un frente común, precisamente, en defensa de la provincia de Alicante, de los pequeños municipios y para acabar con esa regla de gasto de  Sánchez. ¿Sigue pensando así?                

R.- Lo intentamos en la provincia de Alicante y lo lleva intentando la Federación Española de Municipios y Provincias. Lo intentamos ya en la Federación Española de Municipios y Provincias, cuando el presidente era un alcalde del PSOE, Abel Caballero. Y lo consiguió. Y lo hemos intentado ahora, cuando la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, la alcaldesa de Jerez del Partido Popular.

En aquel momento, el Gobierno no dudó en levantar ese veto con una firma del Consejo de Ministros. Y, en este momento, llevan exactamente dos años, no solo no firmando ese levantamiento del veto, sino imponiendo, de nuevo, aquella ley de Montoro que el propio Montoro reconoció que había cumplido perfectamente su misión pese a las críticas de la oposición de entonces con mucha virulencia del Partido Socialista.

Aquella ley Montoro finalizó en su aplicación, en sus términos y en sus objetivos en el año 2023, hace dos años. Sin haber finalizado el Gobierno de España con un Consejo de Ministros y una firma. ¿Era capaz de levantar los efectos de esa ley? No, no estamos hablando ya de la ley Montoro, estamos hablando de la ley del PSOE, que se ha aprovechado de una circunstancia dramática de la economía española y de la economía de los ayuntamientos de España en el 2012, para que aquella solución, que surtió efectos y funcionó maravillosamente bien pese a las quejas de los alcaldes del PSOE, pero que se acogieron a ello, y que ahora son los que están soportando con ignominia que esas reglas sigan aplicándose. De hecho, que se hayan retomado después de cuatro años de no haberlo hecho.