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Sindicatos rechazan que el Govern de Prohens premie con complementos de productividad a los funcionarios

Califican la medida de "discriminatoria" porque permitirá "elegir a dedo" quién lo recibe

Tras su aprobación por la Mesa de Servicios Generales, será ratificada por el Consell de Govern

  • Indalecio Ribelles
  • Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

El Govern balear, liderado por la presidenta Marga Prohens (PP), volverá a pagar los denominados complementos de productividad a los funcionarios de la administración autonómica, conocidos en el argot sindical como bufandas, pese a la oposición de una parte mayoritaria de sindicatos contrarios a esta medida.

La Mesa Sectorial de Servicios Generales, según ha informado el STEI en un comunicado, ha aprobado esta semana este acuerdo con los votos a favor de la Administración, CCOO y Sinta. Tras el acuerdo sectorial, la medida se traslada al Consell de Govern para su implementación oficial antes de hacerse efectiva.

Contra esta práctica, que llevaba años sin llevarse a cabo, se ha posicionado la mayoría sindical formada por los sindicatos CSIF, UGT y el STEI. La votación final ha sido de nueve votos a favor, 12 en contra y ocho abstenciones de USO.

El STEI ha lamentado que se vaya a poner en marcha una medida que consideran «discriminatoria» porque permite «elegir a dedo» qué funcionarios reciben esta cuantía. Serán los secretarios generales, un cargo político situado por debajo de los consellers, quienes aplicarán los criterios para el pago de este complemento.

Este sindicato lamenta que esta medida permite la «arbitrariedad» ya que bastará con que el secretario general «considere que la persona agraciada ha desarrollado su trabajo con un determinado grado de interés, iniciativa, esfuerzo o calidad».

El acuerdo, siempre según el STEI, prevé que estos complementos retribuyan trabajos hechos tanto dentro del horario habitual como en un excedente de la jornada. El sindicato cree que aunque el Govern ha justificado esta medida «para algún colectivo concreto», abre la puerta a que sean los cargos políticos quienes decidan una parte del salario de los empleados públicos en base a criterios «totalmente arbitrarios».

Esta medida se enmarcaría en un modelo de gestión que busca asegurar una mayor funcionalidad posible dentro de la administración.

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