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Los separatistas de Mallorca rabian por la cesión de 21 apartamentos a guardias civiles para el verano

Califican la decisión de "profundamente indecente" por suplir las obligaciones del Ministerio del Interior

Exigen que todos los recursos residenciales se destinen políticas sociales para la ciudadanía de Mallorca

  • Indalecio Ribelles
  • Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

Los separatistas de Mallorca rabian y rechazan que el Consell ceda 21 apartamentos a guardias civiles destinados en verano a la isla para que así no tengan que malvivir en furgonetas, coches o pisos patera ante la carestía del mercado inmobiliario.

Una cesión temporal para unos destinatarios nada queridos por los separatistas mallorquines de Més, que han reclamado al Consell que rectifique esta decisión y exija al Ministerio del Interior que asuma el alojamiento de sus efectivos.

Asimismo, ha pedido que todos los recursos residenciales disponibles del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) se destinen a políticas sociales y de vivienda dirigidas a la ciudadanía de Mallorca.

Los 21 apartamentos de la residencia de las Hermanitas de los Pobres, gestionados por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), permitirán que hasta 42 agentes puedan disponer de un alojamiento digno y completamente gratuito, algo que ha escocido en las filas separatistas.

La formación ha sostenido que la institución insular está asumiendo una competencia que corresponde al Ministerio del Interior y ha considerado que la medida supone un «agravio comparativo» respecto a otros profesionales, como médicos, enfermeras o trabajadores sociales, que también sufren la crisis de acceso a la vivienda en la isla.

La portavoz de Més per Mallorca, Catalina Inés Perelló, ha defendido que «el IMAS existe para proteger a las personas más vulnerables, no para suplir las obligaciones del Ministerio del Interior».

Por su parte, la consellera insular y portavoz de Més en el Consell del IMAS, Rosa Cursach, ha calificado la decisión de «profundamente indecente» y ha recordado que se produce pocos días después de la detención de dos activistas en Santa Maria por realizar pintadas en viviendas privadas.

«No es admisible que el PP utilice equipamientos vinculados a los servicios sociales para asumir competencias estatales mientras el acceso a la vivienda se ha convertido en la principal emergencia social de Mallorca», ha añadido.