Respaldo de PP y Vox a los celadores que han denunciado al Govern de Armengol por exigirles catalán

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 27/01/2022 18:52
  • Actualizado: 27/01/2022 19:24

Respaldo total de PP y Vox a los celadores que han denunciado al Govern balear por excluirlos del bolsín de personal al exigirles la acreditación de catalán. El portavoz de Vox en el Parlament, Jorge Campos, ha expresado el apoyo de su formación “a las víctimas de la dictadura catalanista que obliga a la enseñanza en catalán, que multa y persigue a través de la oficina de denuncias catalanistas, o, como es el caso de estos demandantes, les prohíbe trabajar sin certificado de catalán». 

Así se ha expresado el dirigente de este partido, tras conocer que el Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol ha recibido la primera demanda judicial por exigir el conocimiento del catalán para ser celador en los centros sanitarios de las Islas. Una demanda tramitada en los juzgados por un grupo de celadores afectados por su exclusión del bolsín, en la que piden la nulidad de la orden por la que fueron apartados de la lista, al tiempo que exigen su inclusión en el bolsín de interinos.

Desde las filas del PP, su portavoz en el Parlament balear, Antoni Costa, ha exigido al Govern, ante esta situación, que modifique la Ley de Función Pública «para que el catalán sea mérito y no requisito».

Para el diputado popular, «una vez más lo que vemos es cómo el pacto de izquierdas, en lugar de arreglar los problemas de lasanidad en Baleares, solo genera más. Nos encontramos ante las consecuencias del caos normativo y la inseguridad jurídica generada por la exigencia del catalán en la sanidad, y las chapuzas normativas que han hecho para aplicarlo y que han evidenciado los tribunales». Por ello, y frente al problema de fuga de profesionales del sector sanitario en las Islas, «no podemos permitirnos ponerles más obstáculos. Lo prioritario es garantizar tener las plantillas suficientes y dar seguridad jurídica en los procesos de contratación del personal», manifestó Costa.

También desde Vox, la diputada Idoia Ribas ha valorado sobre el particular afirmando que «nos hallamos ante un nuevo caso de apartheid lingüístico, impuesto por el Ejecutivo de Francina Armengol, en el que se antepone el delirio catalanista a la realidad”. 

Para Ribas, la realidad es que “esta no es una comunidad monolingüe, en la que todos los ciudadanos deberían tener las mismas oportunidades para acceder al empleo público”, criticando que “la izquierda y los separatistas” hayan convertido la lengua en “un problema artificial para justificar todo lo que conlleva un régimen basado en la exclusión de unos y en las prebendas y subvenciones para otros”. 

“Lo más grave de todo esto», abundó Ribas, «es que la sanidad balear sigue con listas de espera por encima de los niveles prepandemia y aquí lo único que le preocupa a la consellera Patricia Gómez es excluir a 2.500 celadores o perseguir al personal que cuelga carteles informativos en español en los centros de salud. Esa es su concepción de la sanidad pública”, criticó la diputada de Vox. 

Pese a la demanda judicial, desde esta formación consideran que por desgracia “mucho nos tememos que, como sucede con las sentencias judiciales sobre la imposición del catalán en la educación, aún en el caso de ser favorable a los demandantes, quedará en nada. Y eso es así porque el tripartito vive en un mundo paralelo sin ley, en el que se sienten seguros, porque pueden hacer lo que quieran sin que el Gobierno de España les llame al orden», remachó la diputada de Vox.