Prohens exige a Sánchez que pague la destrucción de los centenares de pateras que llegan a Baleares
Aunque la Constitución le obliga a ello, es el Govern y los ayuntamientos lo que están asumiendo el gasto
El PP alerta que hay zonas de la costa que son "auténticos vertederos" por el desguace incontrolado de cayucos
La presidenta del Govern, Marga Prohens, exige al Gobierno de Pedro Sánchez que pague la retirada y destrucción de los centenares de pateras que llegan a Baleares. El año pasado, sin ir más lejos, casi superaron las 400 embarcaciones, muy por encima de las 259 que llegaron a Canarias.
Por ello, el PP balear ha registrado en el Parlament una iniciativa para reclamar al Gobierno que asuma «de modo inmediato y efectivo» los costes económicos y logísticos que la llegada de pateras está generando tanto en la Comunidad Autónoma como en los ayuntamientos de las Islas.
El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha denunciado que Baleares atraviesa «una situación de grave crisis migratoria». En 2025 se registró la llegada de 7.321 personas a bordo de 401 pateras, lo que supone un incremento del 24,5% respecto al año anterior. Esto convierte este ejercicio en el de mayor presión migratoria de la historia del archipiélago.
Así, Sagreras ha señalado que «estamos ante una tragedia humana que afecta a quienes se juegan la vida en el mar, pero también ante una grave irresponsabilidad de Sánchez, que está trasladando a los ayuntamientos y a la comunidad autónoma unos costes que no les corresponden».
En este sentido, Sagreras ha recordado que la Constitución Española, en su artículo 149.1.2, atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de inmigración y control de fronteras, por lo que «es el Gobierno central quien debe asumir los gastos derivados de la retirada, transporte, tratamiento y eliminación de las embarcaciones utilizadas en la inmigración irregular».
El portavoz popular ha criticado que, en la práctica, «son los ayuntamientos y el Govern quienes están pagando con recursos propios la limpieza de playas, la retirada de pateras y la gestión de residuos peligrosos como fibra de vidrio, aceites o baterías». «Estamos viendo cómo municipios como Ses Salines, Santanyí o Campos tienen que destinar personal, contratar maquinaria o habilitar espacios municipales para almacenar embarcaciones que dependen del Estado», ha añadido.
Asimismo, Sagreras ha alertado del impacto medioambiental y paisajístico de esta situación, afirmando que «algunas zonas de nuestra costa se están convirtiendo en auténticos vertederos y desguaces incontrolados, lo que deteriora nuestra imagen y supone un riesgo ambiental evidente».
El portavoz del PP también ha puesto el foco en la saturación de infraestructuras públicas, como los puntos verdes municipales o los depósitos de Ports de las Islas Baleares, donde actualmente se acumulan decenas de embarcaciones pendientes de retirada por parte del Estado.
Ante esta situación, la iniciativa registrada por el PP plantea tres medidas concretas. La primera es que el Gobierno de España asuma todos los costes derivados de la gestión de las pateras. La segunda es la creación de un fondo de compensación específico para ayuntamientos y administración autonómica. La tercera es la puesta en marcha de políticas migratorias «legales, ordenadas y humanas» que permitan hacer frente a la presión creciente de la ruta argelina.
«Baleares no puede seguir soportando en solitario las consecuencias de una política migratoria fallida. Exigimos al Gobierno de Pedro Sánchez responsabilidad, financiación y soluciones reales», ha concluido Sagreras.
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