El PP traslada al Parlament balear la ley antiokupas que Armengol bloquea en el Congreso desde hace dos años

• Tomas Ibarz
• Jefe Sección Política OKBaleares
• • 11/03/2026 18:26
  • Actualizado: 11/03/2026 18:26

El PP balear ha registrado en el Parlament una proposición de ley contra la okupación ilegal con el objetivo de reforzar la protección de los propietarios y garantizar la convivencia en las comunidades de vecinos. Es el mismo texto aprobado en el Senado pero que la socialista Francina Armengol mantiene bloqueado desde hace dos años exactos.

«Se trata de un problema real que sufren muchas familias y muchos vecinos», ha explicado la portavoz adjunta de los ‘populares’ en la Cámara autonómica, Marga Durán.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Durán ha lamentado que se tenga que dar este paso en Baleares porque la ley nacional del PP, aprobada en el Senado, continúa bloqueada en el Congreso de los Diputados.

«Este bloqueo tiene nombre y apellidos. Francina Armengol mantiene esta ley en un cajón desde febrero de 2024 impidiendo que continúe su tramitación parlamentaria, dejando desprotegidos a miles de propietarios y vecinos frente a la ocupación ilegal», ha afirmado.

El PP ha decidido reforzar la protección jurídica frente a la okupación ilegal y ha señalado que no se puede permitir que el esfuerzo de las familias para comprar una vivienda quede vulnerado por la ocupación ilegal y «por la pasividad política de quienes deberían facilitar que esta ley se debata y se apruebe».

La portavoz adjunta ha recordado que este fenómeno afecta a propietarios, comunidades de vecinos y barrios enteros. Según datos del Ministerio del Interior, en 2024 se registraron en España más de 16.400 denuncias por ocupación ilegal de viviendas y en Baleares 514 casos, un 27 por ciento más que el año anterior.

La iniciativa registrada por el PP busca agilizar los desalojos en un plazo máximo de 24 horas, reforzar las sanciones penales frente a las ocupaciones ilegales, perseguir a quienes promuevan estas prácticas y garantizar que los propietarios y las comunidades de vecinos cuenten con más herramientas para defender la convivencia y la seguridad.

«Lo que está en juego no es una cuestión partidista, sino proteger a quienes cumplen la ley, garantizar la convivencia en nuestros barrios y defender el respeto a la propiedad privada», ha concluido.