Juzgan a una ‘mula’ con discapacidad acusado de ayudar a narcos a introducir 50 kilos de droga en Ibiza

• Pedro Serra @PedroSerraTr
• Redactor en OKBALEARES. Antes en IB3 TV, COPE Mallorca y esRadio.
• • 19/01/2026 09:31
  • Actualizado: 19/01/2026 09:31

Era una simple ‘mula’ al servicio de una organización criminal dedicada al narcotráfico, pero las consecuencias judiciales a las que ahora se enfrenta pueden ser muy elevadas. Un hombre con discapacidad intelectual será juzgado por su presunta implicación en una operación de tráfico de drogas que pretendía introducir una importante cantidad de sustancias estupefacientes en Ibiza.

El juicio comenzará este miércoles a partir de las 09.00 horas de la mañana en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. En concreto, se enfrenta a una pena de nueve años de prisión y a una multa que podría alcanzar los 8,2 millones de euros.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el procesado era el encargado de controlar la llegada al aeropuerto de Ibiza de otra persona que trataba de introducir en la isla cerca de 50 kilos de droga procedente de Países Bajos.

De acuerdo con la acusación pública, esta persona transportaba concretamente 22 kilos de 2C-B y otros 25 kilos de MDMA, unas sustancias cuyo valor en el mercado ilícito supera los 2,6 millones de euros. El acusado tenía como misión recibir al portador de la droga, facilitarle los medios de transporte necesarios y comprobar que las entregas se realizaban correctamente a los destinatarios finales.

Estas funciones, habituales dentro de las organizaciones dedicadas al narcotráfico, se corresponden con el papel conocido como ‘mula’. Finalmente, el acusado fue detenido en el propio aeropuerto de Ibiza antes de que la operación pudiera completarse.

Tal y como recoge el escrito de la Fiscalía, el hombre presenta una discapacidad intelectual, circunstancia que, según la acusación, fue aprovechada por los miembros de la organización criminal para contratarlo y encomendarle tareas relacionadas con el transporte y la logística de las sustancias estupefacientes en la isla.

Por todo ello, la fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública y solicita que el procesado sea condenado a nueve años de prisión y al pago de una multa de 8,2 millones de euros.