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Inmigración ilegal

El Govern asegura que Baleares no acogerá a los 59 menas de Canarias: «Estamos saturados»

Catalina Cirer: "Es materialmente imposible que Baleares acoja a más menas"

El PP denuncia que el pacto con Junts se ha cerrado sin que Baleares haya sido escuchada

El Govern de Marga Prohens ha vuelto a rechazar que Baleares acoja más menas  que se encuentran en las Islas Canarias. El vicepresidente Antoni Costa ha asegurado que Baleares «no asumirá el nuevo reparto de menores migrantes».

El Gobierno ha cerrado con Junts un acuerdo para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes, lo que incluiría la distribución de menores que se encuentran ahora en territorios tensionados por la presión migratoria, como es el caso de Canarias -que tutela a más de 5.000 niños y adolescentes-, según han informado a Europa Press diversas fuentes gubernamentales. Según Junts, de ese reparto, Cataluña recibiría entre 20 o 30 mientras que a Madrid le corresponderían 700. Según el acuerdo, Baleares debería recibir 59 menas.

El Govern considera que los centros de menas de Balares están saturado y sin capacidad para atender a más menas.  La sobreocupación de los centros de menores en Baleares se encuentra al 650%, es decir, altamente desbordados.

Aparte de Antoni Costa, la consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, también ha asegurado que es materialmente imposible que Baleares acoja a más menas.

El Ejecutivo central tiene previsto aprobar este mismo martes el decreto de modificación. La medida incluye que las comunidades autónomas que han estado por encima de la media de plazas estructurales que deben tener -como es el caso de Cataluña, según apuntan fuentes de Junts- reciban también una compensación económica «adecuada».

Tras meses de negociaciones entre ambas partes, en los últimos días se han acercado posiciones con un texto en el que, según la formación que preside Carles Puigdemont, se establecen criterios «justos y equilibrados» para afrontar la situación humanitaria de estos menores y para facilitar su integración.

Entre los criterios establecidos para el reparto de los menores se ha tenido en cuenta el peso poblacional, pero también el «esfuerzo» que ha hecho Cataluña en los últimos años, según las mimas fuentes.

Así, el reparto se realizará entre aquellas comunidades que hasta ahora no habían acogido o habían hecho un esfuerzo menor, con lo que finalmente llegarán entre 20 y 30 menores a Cataluña de los 4.400 que debían repartirse ahora, mientras que a Madrid se prevé que lleguen 700.

Para Junts, el acuerdo evidencia que se mantienen firmes en la defensa de un modelo «que no penalice a las comunidades más solidarias» y que asegure un trato justo para las partes implicadas.

Un acuerdo sin escuchar a Baleares

El senador autonómico por el PP de Baleares Miquel Jerez ha intervenido esta mañana en el pleno del Senado en una moción sobre la transferencia de competencias en materia de inmigración y control de fronteras. Durante el transcurso de su intervención, ha aprovechado para manifestar «el rechazo del Partido Popular por la deslealtad que supone el nuevo pacto excluyente y traicionero de Pedro Sánchez con Junts sobre la reforma de la Ley de Extranjería».

«Muchos territorios, entre ellos Baleares, esperaban una solución justa, razonable y razonada que permitiera gestionar dignamente la tutela de tantos menores llegados a nuestras costas. Les aseguro que nuestra capacidad de respuesta está agotada y además estamos solos. Pedro Sánchez y el Estado han desaparecido», ha añadido.

Jerez ha asegurado que se trata de «un pacto vergonzante más que constituye un insulto a las comunidades que tendrán que asumir las consecuencias de una decisión impuesta desde fuera de España. Un complot para todas esas autonomías que esperaban ser escuchadas y que, por estar gobernadas por el PP, acaban de sufrir una doble represalia y victimización».

El Gobierno pide a las CCAA que informen de su capacidad de acogida de menas

El Gobierno ha dado de plazo a las comunidades autónomas hasta el próximo 31 de marzo para que informen de su capacidad de acogida de menores migrantes, según ha avanzado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Victor Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha confirmado la aprobación de un Real Decreto Ley para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Una medida, pactada con Junts, que ha definido como «justa» y «equilibrada».

«Me gustaría empezar diciendo que estamos ante un hito en defensa de los derechos humanos, en la defensa del interés superior del menor. Ante un hito histórico porque así lo llevan demandando los territorios fronteras, donde llegan en pateras y cayucos menores no acompañados extranjeros, que lo llevan reclamando, repito, en los últimos 30, 40 años», ha asegurado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

Torres ha recalcado que los acuerdos anteriores para repartir a menores migrantes «no dieron los frutos apetecibles». En este sentido, ha expuesto que la reforma del artículo 35 es «la mejor opción» y «la más eficiente» ante las respuestas en defensa de los derechos humanos.

Con la aprobación del decreto, se añade un artículo 35bis de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros y su integración social para que la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia pueda acordar «por unanimidad» los requisitos para la declaración de la situación de contingencia migratoria extraordinaria, el plan de respuesta y los criterios para la aplicación del plan.

Asimismo, Torres ha detallado que se establecerán criterios en función de parámetros como el de población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo (6%), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión (2%).

PSOE, Sumar y Coalición Canaria llevaron en julio del año pasado al Congreso la iniciativa para reformar la Ley de Extranjería, pero no salió adelante porque no contó con el apoyo suficiente. En concreto, Junts, PP y Vox votaron en contra de su toma en consideración. La reforma atiende a una reivindicación de Canarias, que tutela actualmente a más de 5.000 niños y adolescentes.