El fiscal que entre lágrimas dejó escapar a Cursach pide ahora 118 años de cárcel para el juez

El fiscal Tomás Herranz, que entre lágrimas pidió perdón por las acusaciones y dejó escapar al capo de la noche, Bartolomé Cursach, y a todos los acusados de múltiples delitos, firma ahora el escrito en el que pide apertura de juicio oral contra los instructores del caso Cursach, el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán. En el escrito remitido al Tribunal Superior de Justicia de Baleares, Herranz y el otro fiscal anticorrupción, Fernando Bermejo, solicitan 118 de prisión para Penalva y  121 años para Subirán.

El fiscal Herranz ha pasado en pocos meses de acusar a Cursach a pedirle perdón por haberle acusado y ahora a actuar contra el juez Manuel Penalva que instruyó el caso junto al fiscal Subirán. Herranz se ha convertido en el auténtico defensor del capo Cursach. 

En juicio del caso Cursach celebrado en la Audiencia de Palma, Tomás Herranz fue el encargado de leer el escrito de conclusiones en el que entre lágrimas retiraba todas las acusaciones a los procesados y pedía perdón en nombre de la Fiscalía. Sus palabras y sus lágrimas fueron recibidas con una gran ovación de todos los acusados, incluido el propio Cursach.

Herranz sentenció que, «en la fase de instrucción de la causa, se dejaron de lado las más elementales prácticas de una investigación imparcial», al tiempo que acusaba de «calumnias» al ex juez de instrucción Manuel Penalva, al ex fiscal Miguel Ángel Subirán y al grupo de blanqueo de capitales, lo que «menoscabó la fama de los acusados».

Así lo dijo Herranz el 30 de noviembre durante la presentación del informe que justifica la retirada de acusación. Antes de todo esto, hasta una quincena de delitos recaían sobre el capo de la noche mallorquina y entre ellos, narcotráfico, corrupción de menores, pertenencia a organización criminal, cohecho, extorsión, amenazas, coacciones, uso de información privilegiada, delito contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental estafa procesal, aportación de documentos falsos en juicios, tenencia ilícita de armas y delitos contra los derechos de los trabajadores.

Ahora, la Fiscalía Anticorrupción ha remitido escrito de acusación al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) en el que pide apertura de juicio oral contra el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán para los que solicita 118 y 121 años de prisión, respectivamente.

En su escrito de más 30 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Fiscal atribuye al magistrado y fiscal de la fase de instrucción del caso Cursach delitos de revelación de secretos, obstrucción a la justicia y detenciones ilegales. Descarta, por lo tanto, el delito de coacciones.

Así mismo, la Fiscalía solicita 162 años de inhabilitación y 59.400 euros de multa para Penalva y 162 años de inhabilitación y 72.600 euros de multa para Subirán. En el escrito se señala las instrucciones de los casos Cursach, ORA, IME y Madame.

Además de Penalva y Subirán, la Fiscalía señala al Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, integrado por Blanca Ruiz, José Luis García, Miguel Ángel Blanco e Iván Bandera y encargado de la investigación, por delitos de revelación de secretos, detención ilegal, prevaricación y obstrucción a la justicia. Para ellos pide penas que suman más de 340 años de prisión.

A lo largo de las 32 páginas del escrito, firmado por los fiscales Tomás Herranz y Fernando Bermejo, el Ministerio Fiscal sitúa entre 2013 y 2018 cómo el juzgado de Instrucción número 12 de Palma siguió varios procedimientos penales para la investigación de diferentes hechos en los que intervinieron los seis acusados.

En las fechas mencionadas, el Ministerio Fiscal también describe cómo los medios de comunicación divulgaron información de las investigaciones judiciales del caso Cursach, ORA e IME con informaciones «facilitadas por los acusados y sin que evitaran o impidieran su divulgación ni investigaran quién filtraba la información».

En detalle, en el escrito de acusación desgrana informaciones publicadas en diferentes medios de Baleares estando la causa bajo secreto de sumario.

Además, el Ministerio Fiscal sostiene que las detenciones de 15 personas en el caso ORA se llevaron a cabo tras un testimonio «de contenido completamente inconcreto y especulativo». Indica que tras «una muy deficiente investigación», los acusados practicaron detenciones, presiones a detenidos, investigados y testigos y envíos a prisión.

La Fiscalía también alude a la detención del ex político del PP Álvaro Gijón, su hermano y sus padres con la motivación de «presionar y ablandarlo», y la imputación a cada uno varios delitos «inexplicablemente». Tras las declaraciones, los padres quedaron en libertad, pero el Ministerio Fiscal explica que el hermano de Gijón continuó arrestado «sin motivo alguno que lo justificara».

En referencia a Gijón, los fiscales argumentan: «Los investigadores se habían fijado como meta demostrar su implicación y entre todos decidieron las detenciones de su familia para ejercer presión sobre el político».

La Fiscalía describe siete hechos más en las instrucciones judiciales del caso Cursach en las que describe presiones de Penalva, Subirán, Blanco, Bandera, Ruiz y Reguera a diferentes testigos y detenidos, entre ellos el director general del Grupo Cursach, Bartolomé Sbert.

Con todo, el Ministerio Fiscal solicita a los acusados indemnizaciones para 15 detenidos a razón de 6.000 euros para cada uno por la privación de libertad y los daños morales.