El desalojo de los 200 okupas de la antigua prisión de Palma llega al Congreso de los Diputados

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 04/03/2026 04:00
  • Actualizado: 04/03/2026 04:00

El desalojo de los 200 okupas de la antigua prisión de Palma llega al Congreso de los Diputados. Y es que la diputada de Podemos Ione Belarra ha registrado una pregunta escrita dirigida al Gobierno de España para exigir respuestas urgentes.

Podemos ha enmarcado el desalojo de este inmueble de propiedad municipal del Ayuntamiento de Palma, donde el 70% de los okupas que allí subsisten son inmigrantes magrebíes, en un contexto de crisis de vivienda «sin precedentes, especialmente grave en Palma, donde proliferan viviendas destinadas al alquiler turístico ilegal mientras los recursos públicos de acogida se encuentran saturados».

La formación advierte, además, de que el fin de las medidas del denominado «escudo social» podría provocar un incremento de los desahucios y del sinhogarismo.

En su iniciativa, el grupo parlamentario ha recordado que el derecho a una vivienda digna está recogido en el artículo 47 de la Constitución Española y que el Gobierno central tiene la responsabilidad de coordinar políticas de vivienda y protección social.

Entre otras cuestiones, Podemos pregunta al Ejecutivo si piensa detener el desalojo hasta que exista una solución habitacional para todas las personas afectadas; qué medidas urgentes adoptará para evitar su exclusión residencial inmediata; si está dispuesto a coordinarse con el Ayuntamiento de Palma para garantizar viviendas dignas y definitivas; y qué mecanismos pondrá en marcha para reforzar la coordinación entre administraciones ante la saturación de los servicios sociales.

Asimismo, la formación solicita información sobre las acciones previstas para acelerar la regularización extraordinaria de personas en situación administrativa irregular afectadas por desalojos masivos, así como sobre posibles campañas de acompañamiento, asesoramiento y difusión para garantizar que ninguna persona quede fuera de estos procesos.

La consellera de Familias y Bienestar Social del Govern del PP, Sandra Fernández, ha respaldado el proceso de desalojo de los dos centenares de okupas y ha urgido a la Delegación del Gobierno a intervenir.

La consellera ha justificado el proceso de desalojo en los reiterados incendios que han ocurrido recientemente en el interior del recinto, que es de titularidad municipal y donde el Consell de Mallorca prevé construir una rotonda.

«¿A usted le parece que eso es vivir con dignidad? A nosotros no. Nada de esto es digno y no vamos a mirar hacia otro lado, este Govern va a ser al lado del Ayuntamiento para solucionar esta situación. Y esperamos que ustedes, desde la Delegación del Gobierno, hagan lo mismo», ha señalado.

También ha recriminado a los socialistas «si era digno» que en las pasadas legislaturas «se desahuciaran a familias de viviendas del Ibavi» y que los precios del alquiler y compra «se dispararan año tras año mientras legislaban desde el sectarismo».

Lamin, por su parte, ha criticado que la consellera pretenda lanzar «balones fuera» cuando las competencias en materia de vivienda y de servicios sociales son municipales y autonómicas, y no estatales.