El Ayuntamiento de Palma tendrá que sacar a medio centenar de okupas para poder derribar los edificios de la antigua prisión
La Policía Local de Palma ha identificado a 47 personas que vivirían allí de manera habitual
Los servicios sociales municipales ya han contactado y atendido a una treintena de ellos
El Ayuntamiento de Palma tendrá que sacar a medio centenar de okupas para poder derribar los degradados edificios de viviendas de funcionarios de la antigua prisión, después de que la Junta de Gobierno haya aprobado este miércoles la licitación de la demolición de estos inmuebles.
El presupuesto de esta actuación ronda los 423.000 euros y se espera que las obras duren un plazo de cuatro meses, según ha informado la portavoz municipal, Mercedes Celeste.
El proyecto de demolición de estos edificios, que servían de viviendas para los antiguos funcionarios de prisiones, se aprobó el pasado mes de octubre y paralelamente ha afirmado que estarían desalojando las viviendas.
Preguntada por este proceso, Celeste ha aclarado que la Policía Local de Palma ha identificado a 47 personas que vivirían allí de manera habitual; ninguna de ellas es menor, pese a que ha remarcado que la tarea de conteo no habría terminado.
También ha indicado que el Consistorio tiene constituida una comisión de sinhogarismo que se reúne de manera periódica y valora esta problemática. En ese sentido, los servicios sociales municipales habrían contactado y atendido a una treintena de personas, pero ha subrayado que, en las diferentes visitas, se han encontrado a diferentes personas.
Cuando se identifican, se les abre el correspondiente expediente y se les informa de la cartera de servicios que tienen a su disposición, puesto que ha resaltado que estas personas tienen «casuísticas diferentes» entre sí y distintas de las que habitaban en la antigua prisión.
De hecho, ha insistido en que el desalojo de la prisión se hizo por un «riesgo inminente» para las personas que vivían allí y en este caso el procedimiento será otro, porque la situación «no tiene nada que ver».
El proceso de desalojo no será, por tanto, de un día para otro, si tenemos en cuenta que para desalojar a los okupas de la antigua prisión hoy tapiada, el Ayuntamiento tardó cinco meses en completar la operación, desde que arrancó el proceso a finales del pasado mes de febrero y que estuvo plagado de todo tipo de trabas, con los tres partidos de la oposición, socialistas, separatistas de Més y Podemos, a favor de los okupas.
El Ayuntamiento de Palma ponía así fin a la ocupación de un recinto municipal como es la antigua prisión, que se había prolongado durante más de una década y que había generado problemas de convivencia y seguridad, afectando tanto a los vecinos del entorno del barrio de Cas Capiscol como a la comunidad educativa del centro escolar cercano.
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