Autónomos: de la negativa al oportunismo político

En política hay decisiones que no se explican por convicción, sino por necesidad. La reciente aprobación en el Congreso de los Diputados de la proposición no de ley para implantar la franquicia del IVA a los autónomos es un ejemplo claro de ello. Porque lo que hoy el Gobierno de España presenta como un avance no es más que la rectificación tardía de una negativa sostenida durante años.

Conviene empezar por lo esencial. España cuenta con más de 3,4 millones de trabajadores autónomos. Personas que sostienen una parte esencial del tejido económico de nuestro país y que hacen posible la actividad en miles de negocios y servicios. Comerciantes, transportistas, profesionales liberales, pequeños hosteleros o emprendedores que cada día levantan la persiana sin garantías, asumiendo riesgos que muchas veces la propia administración no comprende.

Y, sin embargo, durante estos años, la política del Gobierno de España hacia ellos ha seguido un patrón claro: más cargas, más incertidumbre y más burocracia. El ejemplo más evidente de esta forma de gobernar es la franquicia del IVA.

No hablamos de una medida nueva ni de una propuesta improvisada. Hablamos de una obligación europea recogida en la Directiva 2020/285, que España debía haber aplicado desde el 1 de enero de 2025 y que permite que los autónomos con una facturación inferior a 85.000 euros queden exentos de repercutir y declarar el IVA. Una medida razonable, avalada por Europa y reclamada por el colectivo. Y, pese a todo ello, el Gobierno no impulsó su aplicación en plazo.

No lo hizo cuando correspondía. No lo hizo cuando lo exigía la normativa europea. No lo hizo cuando lo reclamaban los autónomos. Y tampoco lo hizo cuando esta medida ya venía siendo defendida desde hace tiempo por el Partido Popular. Por eso resulta legítimo preguntarse qué ha cambiado.

La respuesta no está en la política económica, sino en la voluntad política del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha tenido durante años la capacidad de impulsar esta medida y no lo ha hecho. Y si hoy se produce este cambio de posición, no es porque la necesidad de los autónomos sea nueva. Sino porque ha cambiado su contexto parlamentario, en el marco de la negociación para aprobar el decreto anticrisis por la guerra en Irán. Esta medida formaba parte de las condiciones planteadas por Junts.

No estamos, por tanto, ante una decisión técnica ni sobrevenida. Estamos ante una decisión política que el presidente del Gobierno pudo adoptar antes y no quiso.

Mientras tanto, lo que ha ocurrido es que miles de autónomos en España han seguido obligados a declarar y pagar el IVA cuando, de haberse aplicado la normativa europea, ya podrían haberse beneficiado de su exención. Han seguido soportando una carga fiscal y burocrática, en muchos casos superior a la de otros países de nuestro entorno, en clara desventaja respecto a ellos. Y esa decisión tuvo consecuencias.

Este es el problema de fondo: un Gobierno que llega tarde. Llega tarde en la aplicación de directivas europeas. Llega tarde en el cumplimiento de compromisos adquiridos con el colectivo en 2023 en materias como la protección social, la conciliación o la simplificación administrativa. Y llega tarde en entender que ser autónomo en España no puede seguir siendo una carrera de obstáculos.

Hoy ser autónomo en España es, en muchos aspectos, más difícil que hace unos años. Más costoso, por el incremento de las cotizaciones; más complejo, por la acumulación de trámites; y más incierto, por la falta de estabilidad normativa.

Más de 3,4 millones de personas viven esta situación cada día. Personas que sostienen buena parte de la actividad económica de nuestro país y que, en demasiadas ocasiones, no encuentran en la administración un aliado, sino un obstáculo añadido.

Y, pese a todo, la respuesta del Gobierno sigue siendo insuficiente. Porque no basta con aprobar proposiciones no de ley. No basta con anuncios. No basta con titulares. Los autónomos no viven de declaraciones de intenciones; viven de normas que se aplican y de decisiones que llegan a tiempo.

Necesitan que esta medida se materialice en una norma efectiva. Necesitan seguridad jurídica, estabilidad y previsibilidad. Y necesitan, sobre todo, que las reformas lleguen cuando son necesarias, no cuando resultan políticamente inevitables.

Frente a esta forma de actuar, existen otras maneras de hacer política. En Baleares, donde más de 100.000 autónomos representan una parte esencial de nuestro tejido productivo, se ha optado por un enfoque distinto: facilitar la actividad, reducir cargas y acompañar al autónomo en su desarrollo.

La implantación de la cuota cero para nuevos autónomos, eliminando barreras de entrada; ayudas directas de hasta 3.000 euros para la consolidación de negocios; más de 160 millones de euros movilizados en ayudas, créditos y avales; y rebajas fiscales que han supuesto más de 800 millones de euros de ahorro en dos años.

A ello se suma un aspecto clave muchas veces olvidado: la conciliación. La Ley de Conciliación impulsada por el Govern de Marga Prohens ha equiparado a los trabajadores autónomos con las familias numerosas y monoparentales en las deducciones por conciliación, reconociendo así una realidad evidente: que quienes trabajan por cuenta propia también necesitan apoyo para compatibilizar su actividad con su vida personal y familiar. Todo ello con un objetivo claro: facilitar, no obstaculizar; acompañar, no cargar.

Un modelo, el del Gobierno de España, que ha ignorado durante años una medida necesaria y que ahora la asume por conveniencia. Y otro modelo, el que se aplica en Baleares, que entiende que detrás de cada autónomo hay un proyecto de vida, una familia y una apuesta por generar oportunidades.

Por eso este debate no va de ideología. Va de hechos. Y los hechos son claros: esta medida podía haberse impulsado antes. No se hizo. Y esa decisión tuvo consecuencias. No es un avance: es una rectificación obligada y fuera de plazo.

• Jordi López es diputado del PP en el Parlament balear.