El adelanto electoral obliga a suspender otra vez la implantación del nuevo Régimen Fiscal de Baleares

La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales al 23 de julio ha obligado a suspender todas las actividades parlamentarias previstas en el Congreso desde este martes, cuando se hará efectiva la disolución de la Cámara. Además, paraliza la tramitación de todas las iniciativas en marcha, como la implantación del nuevo régimen fiscal de Baleares.

En total, se van a quedar sin aprobar más de 60 leyes, 25 de ellas procedentes de decretos-ley que ya están en vigor, otras ocho aprobadas por el Gobierno y alrededor de una treintena impulsadas por los grupos parlamentarios.

El Congreso de los Diputados ya ha aplazado casi en 30 ocasiones la tramitación de la parte fiscal del Régimen Especial de Baleares (REB) para desesperación de los empresarios de las Islas. La Cámara legislativa ha ido prorrogando de manera sucesiva el plazo de presentación de enmiendas al texto sin que se haya presentado ni una. El texto llegó al Congreso hace casi dos años.

Ahoras se vuelve a atrasar por el adelanto de las elecciones. Cabe mencionar que una vez se publique el decreto de disolución de las Cortes, sólo quedará en funcionamiento la Diputación Permanente del Congreso, pero no así el Pleno de la Cámara, que ya no podrá reunirse hasta la sesión constitutiva de la próxima legislatura, prevista para mediados de agosto. De entrada, ya se han suspendido oficialmente las reuniones de la Mesa y la Junta de Portavoces que estaban convocadas para este martes, informa la agencia Europa Press.

Además de acoger el miércoles la sesión de control, el Pleno de esta semana iba a debatir la toma en consideración de dos proposiciones de ley, una de Vox y otra de Unidas Podemos. La de Vox era una reforma del Código Penal para, entre otras cosas, que se pueda castigar con hasta 20 años de cárcel a los presidentes del Gobierno o de Ejecutivos autonómicos que promuevan o faciliten la realización de conductas que busquen «atentar contra la unidad o la integridad territorial de España».

La de Unidas Podemos buscaba obligar a las empresas que se lleven su sede fiscal fuera de España a devolver las ayudas y subvenciones públicas obtenidas durante los 10 años anteriores a la decisión de abandonar el país, ante el caso de Ferrovial, a la que el grupo confederal acusa de practicar «piratería económica».

Se iban a debatir asimismo dos proposiciones no de ley -una del PP, sobre medidas relativas a la vivienda habitual y otra del PSOE sobre la Estrategia Nacional de Economía de los Cuidados-, así como tres mociones: dos, de ERC y Junts, que pedían el traspaso de Cercanías a Cataluña y una del PP, sobre la «deficiente gestión» del Ejecutivo.

En la sesión de control prevista para este miércoles, además de las preguntas a Sánchez y sus ministros, se iban a sustanciar tres interpelaciones urgentes. Una de ERC, sobre el Tratado Global de los Océanos de la ONU; otra del PP para examinar la gestión de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y otra de Vox, dirigida al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre las medidas del Gobierno «para garantizar la integridad territorial de España y la completa seguridad en Ceuta y Melilla».