La ONG del centro que torturaba a menores en Ateca compró un palacete de 1,3 millones para alojar menas

• Paula Ciordia @paulaciordia
• Zaragoza
• Periodista y filóloga. Corresponsal en Aragón.
• • 07/08/2024 06:40
  • Actualizado: 07/08/2024 06:40

La Fundación Salud y Comunidad, que gestionaba el centro de menores de Ateca en Zaragoza y que la jueza ha decretado su cierre, compró justo antes de Semana Santa un lujoso palacete de 1,3 millones de euros para ubicar a menas. Tanto la operación como el proyecto fue un escándalo en la pequeña localidad vizcaína de Sopuerta, gobernada por EH Bildu, que contó con la oposición prácticamente de todo el pueblo.

Así mismo, este palacete reconvertido de la noche a la mañana en centro de menas guardaría una estrecha relación con el centro de Ateca, donde la ONG habría reubicado a varios de estos menas por «trastornos de conducta», puesto que el centro de menores que la Fundación Salud y Comunidad dirigía en esta localidad de Zaragoza era especializado, y en Sopuerta estos jóvenes estaban sembrando el pánico por su actitud violenta.

En el caso del palacete de Sopuerta, en cosa de sólo unos escasos meses, la ONG comenzó a operar como propietaria y gestora de la residencia de menas que la Diputación de Vizcaya (gobernada por el PNV) impulsó para abrir este espacio, y donde se ha enviado un total de 30 menas.

El escándalo de torturas que se cierne sobre la Fundación de Salud y Comunidad que gestionaba el centro de menores privado en Ateca (Zaragoza), junto con el Grupo Lagunduz, conocido ya en la zona como «la casa del terror», puede tener, por tanto, un alcance insospechado, teniendo en cuenta que es una ONG que opera en prácticamente toda España, con especial ahínco en País Vasco y Cataluña. Su sede está en Barcelona.

La fundación recibe además cuantiosos fondos para gestionar estos centros privados. Por ejemplo, del Gobierno de Aragón habría recibido 1,2 millones de euros al año. Así como de otras regiones, como por ejemplo del Consejo Insular de Ibiza, 55.000 euros al año por menor, tal y como informa El Heraldo de Aragón. 

Un palacete de 1,3 millones de euros

Como decimos, esta ONG de origen catalán compró justo antes de Semana Santa un lujoso palacete indiano en un pueblo de Vizcaya, para seguir alojando más menas en España.

Se trata del pueblo de Sopuerta, gobernado por EH Bildu, a 30 minutos de Bilbao, de algo más de 2.500 habitantes. Y donde los de Vox sacaron hasta 23 simbólicos votos en estas últimas elecciones (diez más que en las anteriores), precisamente por el apoyo que dio a los vecinos en este asunto, pues hay que tener en cuenta que, como otros muchos pequeños pueblos, no cuenta con presencia policial y los servicios sanitarios son limitados.

El rechazo de los vecinos fue tal que llegaron a recoger más de 2.000 firmas para detener el proyecto, y un vecino se prestó a poner un millón de euros para comprarlo, algo que finalmente no salió por «estar ya todo atado».

Finalmente, la ONG adquirió el pasado marzo dicho palacete que disponía incluso de capilla (años atrás había sido un geriátrico). El precio de la operación no trascendió, pero en portales digitales, como en Idealista, todavía aparece el anuncio por 1,3 millones de euros.

La inseguridad y la Ertzaintza

Los problemas de inseguridad que el centro ha ocasionado a esta localidad vizcaína han hecho saltar las alarmas hasta a las propias instituciones impulsoras. La Diputación Provincial de Vizcaya incluso decidió trasladar a centros con «recursos más especializados» a los menores más problemáticos.

Es más, ante los robos y violencia desatada, se autorizó a la Ertzaintza a poder entrar al centro de menores, de modo que se pudiera prevenir y controlar incidentes que estaban sufriendo hasta las propias trabajadoras. Y los servicios de emergencias de salud exigieron la presencia de la policía cuando fueran a atenderles.

Ahora incluso los agentes de la Ertzaintza tienen llave de las instalaciones. Sin embargo, y pese a ello, este tipo de ONGs siguen manteniendo su red de trabajo en todo el país, dedicándose también al cuidado de ancianos, entre otras actividades.

Del palacio lujoso a Ateca

Pero, ¿dónde fueron a parar estos menores «más problemáticos» que la Diputación de Vizcaya decidió trasladar a otro lugar fuera del pueblo de Sopuerta? El oscurantismo en estos casos, tanto por parte de los Gobiernos regionales como de estas fundaciones, dificulta seguir la pista.

Según publicó en mayo el diario El correo, «el destino de alguno de ellos podría ser la localidad zaragozana de Ateca, donde existe una institución dedicada a este tipo de cuestiones y con la que el Gobierno vizcaíno tiene firmado un convenio».

De hecho, según ha podido conocer OKDIARIO, el pasado año, la Diputación de Vizcaya mandó al centro de menores de Ateca en Zaragoza a cuatro menas. Algo aparentemente frecuente y que se llevaría produciendo desde finales de 2018, también desde la Diputación de Guipuzkoa, según fuentes próximas al centro zaragozano, donde a partir de esta fecha la mitad de los residentes serían menas procedentes en su mayoría de Marruecos.

Centro de menores en Zaragoza

Como decimos, esta fundación lleva años tutelando a menores en toda España. El común denominador de ello sería «problemas en la conducta», aunque por distintos motivos y en distinto grado.

En el caso del centro de menores de Zaragoza, la recepción de menas habría comenzado a finales de 2018. En estos centros, no todos los internos, por tanto, parten de una circunstancia familiar similar, pero muchos de ellos no mantienen contacto con sus padres, es decir, «son chavales sin vínculos familiares y que tienen, por tanto, una situación de vulnerabilidad mayor ante posibles casos de abuso o agresión», explican fuentes próximas a estos centros a OKDIARIO.

Los padres habrían salvado a sus hijos

Precisamente, lo que habría salvado de seguir recibiendo las presuntas torturas y vejaciones a al menos dos jóvenes del centro de Ateca han sido sus padres, quienes denunciaron finalmente a la Guardia Civil la situación en la que se encontraban sus hijos. Uno de los cuales denunció una agresión sexual.

De hecho, tal y como recoge El Periódico de Aragón, según los testimonios de las propias madres denunciantes, tras reiterados avisos al centro de la fundación Salud y Comunidad, les limitaron la comunicación con sus hijos, señalando que eran «problemáticas y que desestabilizábamos, y si veían que nuestros hijos nos decían algo sobre los maltratos cortaban las llamadas».

Nueve menores fugados de Ateca

No hay que pasar por alto que en este centro de Ateca nueve menores están fugados y se desconoce su paradero, así como el perfil de estos jóvenes no ha trascendido. Si bien, la jueza del juzgado de Instrucción n.º 2 de Calatayud, que lleva el caso, doña Aída Ramírez, ha solicitado a la Guardia Civil la localización de esos menores y su puesta a disposición judicial para averiguar si han podido ser víctimas de las agresiones y de los abusos que se investigan en esta causa, por si guarda relación con su huida del centro.

Pues no hay que pasar por alto tampoco que la jueza dictó diligencias de cese de internamiento para cinco de los menores residentes, dos de los cuales son los que denunciaron la situación. También se podría hacer extensivo el cese de internamientos para estos nueve fugados.

En los autos dictados, la instructora consideró que existían indicios suficientes de criminalidad para poder considerar a los detenidos responsables de los hechos que se le imputaban, como son delitos contra la integridad moral, torturas, lesiones y pertenencia a grupo criminal. De tal manera que tanto el director del centro, Iván R. M., quien llevaba un año en el cargo, como cuatro trabajadores extranjeros, siguen en prisión provisional en Zuera.

Hay que resaltar además que salvo el director, tres de ellos son de origen magrebí, Mohamed B., Youssef B. y Abdelilah A., siendo dos de ellos hermanos. El otro de los detenidos es de origen rumano, Alexandru R. A.