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Aragón «no se cree» el anuncio de Sánchez de la Conferencia de Presidentes y lo demanda ante el Supremo

Hasta 14 presidentes autonómicos han exigido dos veces que convoque la Conferencia de Presidentes en menos de un año

Azcón le ha dirigido hasta dos cartas por este asunto

El Gobierno de Aragón finalmente ha llevado ante el Tribunal Supremo a Sánchez por no convocar la Conferencia de presidentes autonómicos. Lo ha hecho este mismo miércoles, pese a que el día anterior el presidente del Gobierno se refiriera a dicho órgano e incluso expresara que en el próximo se abordaría el problema de la vivienda.

Según justifican desde el Gobierno de Aragón, «no han recibido ninguna convocatoria a pesar de lo anunciado por Pedro Sánchez ayer». «Como ustedes comprenderán, no tenemos muchas razones para otorgar credibilidad a los anuncios y a las declaraciones que a veces han llegado desde el Gobierno de España», ha sostenido la portavoz y vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, en la rueda de prensa ofrecida tras el Consejo de Gobierno.

En ese momento, todavía no se había presentado dicho recurso. Ha sido momentos después, cuando se ha trasladado a los medios de comunicación que se acababa de presentar dicho recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo exigiendo su convocatoria, cumpliendo así con la advertencia lanzada por el líder del Ejecutivo aragonés, Jorge Azcón, hace una semana, basándose en el art. 29 de la Ley de reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Azcón cumple

Azcón lo anunció a fin de reclamar el cumplimiento de la obligación de convocar la Conferencia de Presidentes, que ha sido solicitada hasta en dos ocasiones desde que los presidentes autonómicos tomaran posesión de su cargo el pasado año.

Ya el pasado viernes, Vaquero, en calidad de consejera de Presidencia, Economía y Justicia remitió un informe informe, a modo de propuesta, a la Dirección General de Servicios Jurídicos solicitando el ejercicio de acciones judiciales.

Aragón y la Conferencia de Presidentes

De tal guisa, este jueves, tras el Consejo de Gobierno, la vicepresidenta Mar Vaquero ha expresado que se había autorizado a dicha Dirección General de Servicios Jurídicos a interponer un recurso contencioso administrativo con la pretensión de exigir el cumplimiento de la obligación que tiene el presidente del Gobierno de España de convocar la Conferencia de Presidentes.

Puesto que este órgano de máximo nivel político de cooperación entre el Ejecutivo central y las autonomías es fundamental para debatir las cuestiones claves de las comunidades autónomas. Según el reglamento, tiene la obligación de hacerlo con una antelación de al menos 20 días naturales de antelación.

Además el reglamento regulador establece la obligatoriedad de convocarla dos veces al año o a petición de, al menos, 10 presidentes. En esta ocasión, han sido 14 autonomías las que han demandado en dos ocasiones la convocatoria.

Dos peticiones ya

La primera de ellas, fue el 24 de noviembre de 2023. En esa fecha se solicitó a Pedro Sánchez la celebración de la Conferencia de Presidentes mediante un escrito presentado y rubricado conjuntamente por los presidentes de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Murcia, así como las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

No obstante, tal requerimiento no fue atendido. Posteriormente, el 24 de abril de 2024 se volvió a reclamar el cumplimiento de la obligación de la convocatoria, petición que tampoco ha sido atendida.

Además, el presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón remitió dos cartas, individualizadas, dirigidas al presidente del Gobierno de España (fechadas el 13 de diciembre de 2023 y el 21 de enero de 2024) en las que le solicitó igualmente la convocatoria de la Conferencia de Presidentes.

La exigencia se fundamenta en el artículo 4 del Reglamento de la Conferencia de Presidentes (publicado por Orden TER/257/2022, de 29 de marzo).

«Es su obligación legal»

«De dicho precepto resulta clara la obligatoriedad para la Administración General del Estado, a través de su Presidente, de tal convocatoria. En este caso, resulta evidente que el presidente del Gobierno de España ha incumplido su obligación legal de convocar la Conferencia de Presidentes durante el año natural 2023 cuando está obligado a hacerlo al menos en dos ocasiones», ha sostenido Vaquero.

«Sánchez ha priorizado sólo tratar de forma bilateral con otras comunidades aquellos temas que le han permitido estar el Gobierno. El más flagrante es el de la financiación autonómica, pues de ello depende el funcionamiento de los territorios, la prestación de servicios y el poder seguir garantizando derechos a todos los españoles, y en nuestro caso a los aragoneses», ha denunciado.