La manifestación pro Hasél en Granada provoca daños por valor de 30.000 € y 25 contenedores quemados
Los altercados acaecidos en la tarde noche de este miércoles en Granada, donde varios cientos de personas se manifestaron por la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél, han dejado daños en la ciudad por valor de 30.000 euros, tal y como ha señalado la concejal de Medio Ambiente de Granada, Pepa Rubia.
Las protestas comenzaron a las 19:00 horas en la Subdelegación del Gobierno y pronto adoptaron una deriva violenta, con la quema de 25 contenedores y calles cortadas al tráfico. Los manifestantes provocaron deterioros también en el mobiliario urbano: varias señales de tráfico arrancadas y daños en el pavimento.
Pablo Hasél ingresó en prisión este martes tras ser detenido por los Mossos d’Esquadra en la Universidad de Lleida, donde permanecía atrincherado. El rapero cumplirá una pena de cárcel de nueve meses y un día por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona y las instituciones del Estado en la red social Twitter y en algunas de sus letras.
Técnicas propias de la «kale borroka»
La concejal de Medio Ambiente de Granada, Pepa Rubia, ha realizado un balance de daños tras los altercados. El Ayuntamiento activó un dispositivo de limpieza que finalizaba a las 6:00 horas de este jueves, incluyendo la reposición de la mayoría de contenedores incendiados para la normal actividad de los granadinos.
La edil ha hecho esta valoración en una comparecencia informativa con el alcalde de Granada, Luis Salvador, y el edil de Protección Ciudadana, César Díaz, que han mostrado su condena a los hechos y han mostrado su apoyo a la Subdelegación del Gobierno en las acciones que pueda desarrollar para prevenirlos, mejorando los protocolos para anticipar la información sobre estas convocatorias, que se reprodujeron en otros puntos de España, como Madrid o Barcelona.
Luis Salvador ha manifestado que «no es permisible» que grupos «antisistema», «a veces ni siquiera autorizados», promuevan acciones para «destrozar mobiliario» público y privado, y ha defendido que, independientemente del coste para las arcas municipales que ellas supongan, hay un «intangible» en el efecto de estos hechos sobre la imagen de la ciudad.
En este contexto, el Ayuntamiento respaldará a la Subdelegación del Gobierno en Granada en las medidas que adopte, ha añadido Salvador, que ha abogado por aplicar «mano dura» y ha mostrado su «máximo apoyo» a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuyos agentes se han quedado «sin poder intervenir» por falta de «instrucciones».
Con las «incertidumbres» de la ciudadanía granadina en el actual momento de pandemia por coronavirus, «lo único que nos faltaba en este momento es que un grupo de antisistema desalmados plantearan una guerra civil en las calles de Granada», ha aseverado Salvador.
Por su parte, el edil de Protección Ciudadana, César Díaz, ha indicado que ha habido señales de tráfico arrancadas y daños en el pavimento, que, junto con los efectos de los altercados en mobiliario urbano, supondrán un «importante» coste al Ayuntamiento, que aboga, en este sentido, por anticiparse a los protocolos de anticipación para poder movilizar los medios adecuados y «poder contener» manifestaciones como ésta, de la que ha dicho que no tenían «conocimiento los sistemas de información del Cuerpo Nacional de Policía».
En la noche de este miércoles, la Policía Nacional de Granada confirmaba la detención de cuatro personas en el marco de las protestas en la vía pública de la capital granadina en demanda de «libertad» para el rapero Pablo Hasél.
La protesta, según informan fuentes policiales a Europa Press, comenzó a las 19:00 horas en la Subdelegación del Gobierno y continuó por Gran Vía en dirección al Realejo, donde se procedió a la quema de un primer contenedor en la calle Pavaneras.
Desde dicho punto, según César Díaz, se emplearon técnicas propias de la «kale borroka» distribuyéndose en grupos de seis a diez personas para la «quema de contenedores», papeleras, señales de tráfico y lo «que iban encontrando a su paso», ha detallado, tras expresar, también como portavoz del equipo de gobierno local, su «máxima condena» a estos hechos, pues provocar el «miedo» en la población «nunca puede ser una opción».
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