‘Kichi’, acorralado: denuncian ante la Junta de Andalucía el ‘hachazo’ «ilegal» de su eléctrica pública

Facua Cádiz ha denunciado ante el Servicio de Consumo de la delegación provincial de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía la subida «ilegal» en las tarifas de Eléctrica de Cádiz, empresa participada en un 55% por el Ayuntamiento que lidera José María González ‘Kichi’.

La organización en defensa de los consumidores pide una sanción para la citada empresa, así como la anulación de la subida de precios que Eléctrica de Cádiz comenzó a aplicar a sus clientes el pasado 1 de octubre. Facua exige también que se obligue a la comercializadora a reintegrar a sus clientes los importes cobrados de más, dado que el ‘hachazo’ en la factura no cuenta con respaldo legal.

«El precio de la luz sigue marcando máximos históricos y la comercializadora se va a ver obligada a subir un poco lo que cobra a su clientela para aguantar el chaparrón», se excusaba ‘Kichi’ el pasado mes de agosto.

«Ilegal», «perjudicial» e injustificado

En un comunicado emitido en su página web, Facua Cádiz detalla que en la denuncia se declara ilegal la subida atendiendo a que en los contratos que la empresa tiene suscrito con sus clientes no se indican los motivos por los que podrá considerarse válido un incremento de sus tarifas, lo que supondría una vulneración de lo establecido por la normativa vigente. Así, Facua Cádiz no sólo solicita a Consumo de la Junta que imponga una sanción a Eléctrica de Cádiz, sino que, además, pide que le inste a anular la subida y a reintegrar a sus clientes el importe que les haya cobrado de más por su aplicación.

En base a los argumentos expuestos en su denuncia y antes de proceder a su presentación -prosigue la nota-, Facua Cádiz se dirigió tanto a la empresa como al Ayuntamiento de ‘Kichi’ para solicitar que anularan la subida. Eléctricas Cadiz desestimó la petición de la asociación, alegando que en sus contratos se recoge la posibilidad de una revisión trimestral de sus tarifas, justificando además su decisión en «la actual situación de altos precios de la electricidad en el mercado mayorista». El Ayuntamiento, por su parte, no ha contestado directamente a la organización de consumidores, pero emitió un comunicado de prensa el pasado 14 de septiembre en el que copiaba el argumento del incremento de precios en el mercado mayorista esgrimido por la empresa.

Facua Cádiz considera que la estipulación del contrato en el que la empresa se ampara para justificar la subida es claramente perjudicial para los usuarios, con los que suscribe un contrato en el que se establece un precio fijo -a diferencia de la tarifa PVPC, cuyo importe oscila diariamente- pero en el que, al mismo tiempo, se incluye una cláusula de revisión de precios en la que no se detallan las referencias, plazos ni índices a aplicar para determinar la subida de las tarifas.

Por ello, Facua Cádiz se remite tanto a la comunicación que Eléctrica de Cádiz ha enviado a sus clientes informándoles de la subida como al comunicado emitido por el Ayuntamiento, en los que se señalan que los precios vigentes antes de la subida databan de 2019, y que para su fijación se había tenido en cuenta un precio de la electricidad en el mercado mayorista en torno a los «50 euros MWh». Atendiendo a dichos argumentos, la organización se pregunta por qué no se realizaron revisiones a la baja de las tarifas tanto en el año 2019, en el que precio medio fue de 47,68 euros MWh, como en 2020, en que descendió hasta 33,96 euros MWh.

Finalmente, la asociación sostiene que para que Eléctrica de Cádiz pueda subir sus tarifas debe esperar a la finalización de los contratos suscritos actualmente con sus clientes -que, actualmente, se establecen con una duración inicial de dos años, con prórrogas automáticas de un año- y firmar un nuevo contrato con los mismos en los que se modifiquen las condiciones de contratación, adecuándolas a las exigencias de la normativa.