Andalucía
Caso Juana Rivas

Juana Rivas denuncia a Arcuri por violencia de género vicaria internacional

Los abogados de Juana Rivas afirman que se trata de la primera denuncia de estas características que examinarán los tribunales españoles

Juana Rivas ha presentado una denuncia por violencia de género vicaria contra su ex pareja, el italiano Francesco Arcuri, al que acusa de «utilizar» a sus dos hijos y de «actuar contra ellos» para «dañarla»; y ha solicitado al Juzgado una orden de protección que prohíba a Arcuri acercarse o comunicarse con ellos tres por cualquier medio.

Los abogados de Juana Rivas afirman que se trata de la primera denuncia de estas características que examinarán los tribunales españoles, mostrando su deseo de que «este debate llegue al Tribunal Supremo» para que se forme un «adecuado acervo jurisprudencial sobre un problema de enorme magnitud hasta ahora desatendido».

Esta denuncia por violencia vicaria ha sido formulada en forma de delito de violencia psíquica habitual y de delito de lesiones, según consta en el escrito y que se ha presentado en la Oficina de registro y reparto para que sea turnada al juzgado que corresponda.

En ella relatan el modo en que Juana Rivas «huyó de la violencia ejercida por su ex pareja y entró en un laberinto jurídico que dura ya más de ocho años, y que tiene que terminar ya», según defienden. Afirman que desde 2016 se vienen sucediendo una serie de episodios de violencia sobre Juana (directos sobre ella o mediante sus hijos), que han culminado con los ocurridos durante este último mes, que analizados de forma individual «puedan no parecer relevantes, pero que vistos en su conjunto forman parte de una sofisticada y destructiva estrategia utilizada por Francesco Arcuri con dos objetivos: subyugar a su ex pareja y sus hijos; y generar una situación de permanente control e imposición de su voluntad».

Entre sus peticiones, los abogados de Rivas solicitan que se tome declaración a Arcuri como denunciado, se proceda a la exploración del hijo menor que tienen en común, Daniel, y que el Instituto de Medicina Legal elabore informe sobre las «secuelas psíquicas» que estos hechos han provocado en Juana Rivas.

Amenazas

Los hechos denunciados se refiere al periodo comprendido entre el 28 de agosto de 2017, cuando Rivas tuvo que entregar «forzosamente a sus hijos» a Arcuri, y el día de hoy, en el que -según sostienen- él la «sigue acosando telefónicamente e intimidando».

Agregan que a lo largo de este periodo Arcuri habría cometido esta presunta violencia vicaria en Italia, excepto entre el 22 y el 24 de diciembre, en los que «se desplazó a España para reforzar con su presencia las amenazas previamente vertidas» y cuando presuntamente mandó mensajes a la madre de sus hijos haciéndole saber que estaba en Granada e «intervendrá inmediatamente», «si se manifiestan episodios de maltrato psicológico contra Daniel».

Precisan que Juana Rivas ha sufrido violencia piscológica estando residiendo en España, «siendo ciudadana española» y por tanto el resultado del presunto delito cometido por Arcuri se habría producido en nuestro país.

Junto a ello, la denuncia recoge las denuncias por maltrato presentadas por Rivas en Italia y se hace eco del auto de procesamiento de la Fiscalía General de Cagliari contra Arcuri por presunto maltrato a sus dos hijos, «sometiéndolos a violencia física, vejaciones, insultos y amenazas, generando en ellos graves estados de ansia y temor por su seguridad».

A ello suman presuntas amenazas de Arcuri hacia Juana Rivas a través de los dos niños provocando una «lógica perturbación» en ellos «y en la madre, que sufre las consecuencias en una doble vertiente: primero, la preocupación y el miedo de que sus hijos tenga que sufrir estos episodios y segundo el miedo de que esas amenazas se materialicen», advierten.

Los abogados de Rivas considera que cuando esta denuncia sea recepcionada y repartida en cualquiera de los juzgados de Violencia sobre la Mujer del partido judicial de Granada -en la capital sólo hay dos- deben abstenerse de conocer la causa tanto la magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 -a la que acusan de archivar todas las denuncias que le llegan de este caso «sin una mínima instrucción- y como la jueza del juzgado número 1, a la que afean que firmara un manifiesto de apoyo a la primera.