Fiscalía denuncia a la delegada y a la vicepresidenta de Ceuta por la expulsión de 55 menas marroquíes

La Fiscalía de Ceuta ha denunciado este viernes en los juzgados de la ciudad autónoma a la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos; y a la vicepresidenta del Ejecutivo local y consejera de Presidencia y Relaciones Instituciones, María Isabel Deu (PP); por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa en la expulsión a Marruecos de 55 menores extranjeros no acompañados (menas) el pasado mes de agosto.

El Ministerio Público considera que en la expulsión de los menores marroquíes a su país de origen «se omitieron de forma voluntaria y consciente las disposiciones legales y el procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico vigente sin verificar la concurrencia de los presupuestos legales que así lo permitieran en un Estado de Derecho».

Según ha informado en un comunicado la Fiscalía Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, «la denuncia apunta al delito de los artículos 74.1 y 404 del Código Penal» y es «el resultado de la finalización y archivo» de la investigación practicada por el Ministerio Público de la ciudad autónoma, en la que se tomó declaración a distintos cargos y funcionarios, entre ellos Mateos y Deu, por su intervención en el proceso de repatriación que comenzó el 13 de agosto y fue paralizado por orden judicial tres días después tras la devolución irregular al Reino alauita de 55 menas marroquíes.

Cabe reseñar que la investigación de la Fiscalía arrancó el 13 de octubre a partir de una denuncia presentada por la Asociación para el Desarrollo Integral (L’ESCOLAC).

1.200 menas en las calles de Ceuta

Seis meses después de tomar declaración a Mateos, la Fiscalía ha concluido que después de la invasión migratoria de mayo de 2021, tras la que quedaron en la ciudad alrededor de 1.200 menas de nacionalidad marroquí, el Gobierno de Ceuta se vio «desbordado por la escasez de recursos para atenderlos adecuadamente» y Deu «decidió emprender varias actuaciones a fin de agilizar su repatriación, tal y como consta en la comunicación enviada a Mateos el 24 de mayo para aplicar el Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre cooperación en materia de prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y retorno» de 2007.

Ese acuerdo, que no se había aplicado nunca, señala en su artículo 5 que cualquier repatriación de un menor no acompañado debe hacerse «con la observancia estricta de la legislación española, las normas y principios de derecho internacional y de los establecidos en la Convención sobre Derechos del Niño por parte de las autoridades competentes españolas», pero con la connivencia de la delegada «no sólo se omitieron algunos de los trámites preceptivos del procedimiento sino todos al no existir traza alguna del expediente exigido».

Según ha apreciado el Ministerio Público (y varias sentencias de lo contencioso-administrativo), «no consta la incoación de procedimiento, al igual que la petición de informes de la situación familiar del menor, la fase de alegaciones, el trámite de audiencia o la fase de prueba, ni siquiera la resolución acordando la repatriación de los menores -se elaboró un listado de 145- o la comunicación a la Fiscalía».