Fedea calcula que Andalucía debería recibir casi 1.000 millones del Gobierno 

Andalucía debería recibir 933 millones de euros para igualar su financiación por habitante dentro del llamado sistema común, según los cálculos de un estudio titulado, ‘Una mini-reforma de urgencia de la financiación autonómica para una mejor respuesta a la crisis’, cuyo autor es Ángel de la Fuente y ha publicado la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). De la Fuente propone crear un Fondo Complementario de Nivelación dotado con 2.337 millones, del que participarían, además de Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla La Mancha y Galicia.

Según los cálculos de Ángel de la Fuente, Andalucía sería la segunda comunidad en términos absolutos que más dinero tendría que percibir para igualar la financiación por habitante del régimen común, es decir, el conjunto de las comunidades excluidas excluidas País Vasco y Navarra, encuadradas en el Régimen Foral o Concierto.

La Comunidad que más fondos percibiría sería Valencia con 951 millones de euros, seguida de Andalucía (933 millones), Murcia (270), Castilla La Mancha (172 millones) y Galicia (12 millones).

Los cálculos de De la Fuente se sustentan sobre la distribución de sus entregas a cuenta con datos de financiación efectiva por habitante ajustado de 2017. El autor, investigador de Fedea y del Instituto de Análisis Económicos del CSIC, combina la financiación efectiva por habitante ajustado y la población ajustada de cada comunidad.

En el caso de Andalucía, según los datos publicados por Ángel de la Fuente, parte de una financiación por habitante de 2.414 euros, en concepto de financiación efectiva a competencias homogéneas por habitante ajustado, mientras que la media nacional la sitúa en 2.528 euros.

El investigador de Fedea y del CSIC identifica que Andalucía percibe el 95,5% de la media de ingresos por población ajustada, que en el caso de Andalucía sitúa en 8.179.426 habitantes. Con un diferencia de 114 euros por habitante multiplicado por la población ajustada a Andalucía le corresponderían esos 933 millones de euros para posicionar en la media de financiación/habitante de las comunidades autónomas.

Ángel de la Fuente sostiene en su estudio que «en condiciones normales, la revisión del sistema de financiación autonómica (SFA) habría sido una de las prioridades de la presente legislatura», un objetivo que, como argumenta el investigador de Fedea y CSIC, «la llegada del Covid-19, sin embargo, ha cambiado por completo la agenda política y ciudadana, desplazando esta cuestión, junto con muchas otras, fuera del foco de atención y remitiendo su estudio y negociación a un futuro incierto».

El investigador de Fedea y del CSIC, quien sostiene que «los parches que propongo son básicamente de dos tipos», entre los cuales identifica «inyecciones selectivas de recursos para reforzar la equidad del sistema y la capacidad de respuesta a la crisis de las autonomías, con especial atención a las comunidades que están peor financiadas en la actualidad y a la protección de los colectivos más vulnerables», a lo que suma «algunos cambios en la mecánica del sistema» con la pretensión de que «el shock presupuestario que viene sea directamente perceptible en tiempo real por los gobiernos regionales y darles a estosmás instrumentos para ajustarse a él de la mejor forma posible dadas sus preferencias y prioridades».

La propuesta de Ángel de la Fuente se sustenta en seis iniciativas. Las dos primeras apuntan a «la creación de un fondo complementario de nivelación financiado por entero con recursos del Estado», así como de «un fondo social complementario de carácter transitorio, también financiado con recursos del Estado, que aportaría financiación adicional no condicionada a todas las comunidades autónomas».

Rentas mínimas 

La tercera propuesta de De la Fuente apunta a que «el Estado cofinanciaría (posiblemente al 50%, con un tope máximo por beneficiario) las rentas mínimas autonómicas, al menos durante la crisis». Según el investigador de Fedea y del CSIC, «a cambio podría exigir que estas prestaciones cumplan ciertas condiciones mínimas de cuantía y cobertura» y ha apuntado que «una vez superada la crisis habrá que valorar las posibles ventajas de mantener un esquema de este tipo frente a la introducción de un ingreso mínimo estatal».

De la Fuente apuesta también por «la revisión del sistema de entregas a cuenta» que llevaría, además de que ambas administraciones en los impuestos compartidos «reflejarían la evolución de la recaudación real en cada territorio», a que las comunidades «tendrían derecho a percibir la cantidad restante hasta el importe inicialmente previsto de tales entregas en forma de préstamos del Fondo de Financiación a las Comunidades

Autónomas, con un tipo de interés igual al coste de los fondos para el Tesoro». En su trabajo ‘Una mini-reforma de urgencia de la financiación autonómica para una mejor respuesta a la crisis’, De la Fuente propone también «la revisión de las retenciones por IRPF» para que se trasladen «en tiempo real a las entregas a cuenta a las comunidades y no con el retardo de dos años que ahora impone un sistema en el que los efectos de tales cambios sólo llegan a las autonomías cuando se practica la correspondiente liquidación», así como la «libertad de acceso de las comunidades a los mercados de deuda o a la financiación bancaria dentro de límites agregados».