Urkullu podrá aplicar en 2 meses la Ley que criminaliza a la Policía por abusos sin que exista juicio

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 15/08/2019 06:47
  • Actualizado: 15/08/2019 07:45

El Gobierno vasco ha forzado la tramitación de la conocida como ‘ley de abusos policiales’ -Ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política- que podrá ser efectiva en un plazo aproximado de dos o tres meses.

El Ejecutivo de Íñigo Urkullu, en una acción inusual, ha publicado el decreto que desarrolla dicha Ley -recurrida ante el Tribunal Constitucional por PP y Ciudadanos- en pleno mes de agosto, un mes inhábil a efectos parlamentarios y con la actividad política en mínimos. Con esa publicación, en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), los interesados en participar del debate público de la iniciativa podrán presentar sus alegaciones. El plazo culmina el próximo 11 de septiembre.

La Ley contra la «violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999», referida básicamente a presuntos abusos policiales, se aprobó en 2016 en el Parlamento vasco.

La iniciativa fue recurrida entonces por el Gobierno de Mariano Rajoy al Constitucional, que acordó la suspensión de los preceptos impugnados, entre ellos, la llamada ‘Comisión de Valoración’, un órgano de perfil político encargado de valorar las solicitudes de reparación de las supuestas víctimas. Se trata de un ente ‘parajudicial’ con capacidad para tomar testimonio y con iniciativa de investigación ante supuestos abusos cometidos por funcionarios públicos, que no fueron  condenados por la Justicia o, ni siquiera, denunciados ante los tribunales.

Sánchez apoya la Ley

En agosto del año pasado, sin embargo, y en un claro gesto al nacionalismo, el Gobierno de Pedro Sánchez acordó la retirada del recurso, tras -alegó el Ejecutivo- consensuar con Urkullu ciertas modificaciones sobre preceptos «dudosos» y asegurar que no se incurría en ninguna vulneración de competencias con el poder judicial. En julio de este año, el tribunal archivó de forma definitiva el recurso presentado por el Gobierno de Rajoy.

La reforma presentada por el lehendakari y aprobada el pasado 4 de abril (con los votos favorables de PNV y PSE, la abstención de Podemos y Bildu por «insuficiente» y la oposición del PP) para burlar la suspensión del TC mantiene, en cambio, la polémica Comisión. Por ese motivo, esa modificación fue objeto de un nuevo recurso del PP y también de Ciudadanos. Los ‘populares’ consideraron que la Ley suponía un «insulto» de modo “indignante” hacia la labor de la Policía y la Guardia Civil en la lucha contra el terrorismo, además de una humillación hacia las víctimas.

Los de Albert Rivera, por su parte, alegaron el propósito de «defender por todos los medios a los policías y guardias civiles que defendieron a la sociedad española del azote del terrorismo separatista vasco». Ciudadanos consideró que la Ley «pretende eliminar su presunción de inocencia -de la Guardia Civil y Policía Nacional y someter su actuación a un tribunal administrativo nombrado por políticos sin ninguna garantía procesal».

Además de la controvertida Comisión, se establece que las presuntas vulneraciones de derechos humanos «se podrán acreditar mediante la aportación de resolución judicial o administrativa» que las reconozca o «por cualquier otro medio de prueba admisible en derecho, sin que sea preciso que haya existido un proceso judicial previo».

Sin esperar al TC

El Gobierno vasco sigue adelante con la aplicación de la Ley sin esperar a la decisión del Tribunal Constitucional, que podría dejarla de nuevo en suspenso.

La Ley ampara a las víctimas de «vulneraciones de derechos humanos producidas en contextos de violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el período comprendido entre el 29 de diciembre de 1978 y el 31 de diciembre de 1999»: fallecidos, con lesiones permanentes invalidantes o no invalidantes y aquellos que padecieron maltrato grave y lesiones de carácter no permanente, además de otros que no encajen en estos supuestos, a consideración de la Comisión.

En declaraciones a OKDIARIO, el parlamentario vasco del PP, Carmelo Barrio, ha destacado que «pocas veces se ha visto un expediente tan rápido como éste». «Es absolutamente descarado. No esperan ni siquiera al Constitucional. Y como están amparados por Sánchez, saben que la Abogacía no va a reaccionar», ha lamentado.