Chivite impulsará en los colegios navarros la «memoria compartida» de etarras y víctimas para atraer a Bildu

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 30/07/2019 06:49
  • Actualizado: 30/07/2019 19:40

El acuerdo programático para la investidura de la socialista María Chivite como presidenta de Navarra recoge el impulso a la llamada «memoria compartida», en relación a la violencia etarra, en el sistema educativo y distintos ámbitos sociales. Se trata de un relato en el que se incluye tanto a los muertos a manos de la banda terrorista, como a las víctimas de organizaciones paramilitares, grupos de extrema-derecha o la lucha contra ETA.

La medida consta en el ‘Preacuerdo de Programa para una legislatura de convivencia, igualitaria, innovadora y progresista’, suscrito entre el PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezquerra para la investidura de Chivite. El acuerdo deberá contar con el apoyo de Bildu, al menos mediante su abstención.

Según esa propuesta -que se incluye en el apartado de ‘Memoria reciente’- se «potenciarán las áreas de educación en valores, de promoción de los derechos humanos y de participación de la sociedad navarra en la construcción de una memoria compartida y un relato contrastable con el pasado».

«Relato no excluyente»

El futuro Ejecutivo navarro se compromete además a «avanzar en un relato no excluyente» de las «consecuencias de la violencia terrorista», así como a «impulsar con un amplio acuerdo político y con las asociaciones de víctimas la modificación o actualización» de la Ley de Víctimas del Terrorismo y a «desarrollar y aplicar» la Ley de abusos policiales -Ley de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos- recurrida por PP, Ciudadanos y Vox al Tribunal Constitucional y que equipara a víctimas y verdugos. La ley recoge la creación de una comisión de reparación –nombrada por el Gobierno foral y el Parlamento, con participación de asociaciones de distinto tipo- y facultada para declarar la condición de ‘víctima’ y acordar medidas de reparación. «Siempre desde la mirada institucional hacia las víctimas», apostilla el documento.

El acuerdo que hará presidenta a Chivite obliga también al acercamiento de etarras, «para evitar el desarraigo en el cumplimiento de las penas privativas de libertad conforme a los principios de reinserción y resocialización», se justifica.

Bildu ha anunciado que este martes someterá a sus bases la posible abstención en la investidura de la socialista, aunque la organización de Arnaldo Otegi ya avanzó su postura favorable. La formación, según una carta enviada a su militancia, reveló el acuerdo con los firmantes del pacto Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra para convertirla en «interlocutor prioritario» a lo largo de la legislatura. Sus votos serán determinantes. «Una de las claves principales es la capacidad para condicionar e incidir en las políticas del Gobierno, ya que necesitaría nuestros votos en cada una de las cuestiones que quieran sacar adelante a lo largo de la legislatura», dicen en un escrito, y añaden: «Eso nos daría capacidad de incidir y de inclinar la balanza en algunos temas».

Apoyo de Otegi

También su líder, Arnaldo Otegi, instó este domingo a favorecer un Gobierno del PSOE en Navarra, en el propósito de «no facilitar un gobierno de la reacción ni en Navarra ni en el Estado ni en ninguna institución».

No es la primera vez que los socialistas insisten en su defensa de la «memoria compartida». De hecho, figura así en el programa con el que Chivite concurrió a las elecciones, en el que proponía un «relato fidedigno» de la violencia de ETA.

El ex lehendakari socialista, Patxi López, habló también en su día de una memoria «reconocida» y también «compartida», en la que se recordase a todas las víctimas sin excepción, tanto las de ETA, como las del Batallón Vasco-Español, los GAL u otros grupos violentos, además de los hechos ocurridos en la lucha antiterrorista y «las personas que sufrieron violación de derechos humanos por parte de algunos funcionarios del Estado». «Sin equiparaciones de ningún tipo, sin diluir responsabilidades ni admitir justificaciones inaceptables», apostilló López en una intervención.