El último chiringuito catalán

• Xavier Rius @xrius007
• Director de Rius TV en YouTube. Trabajó antes en La Vanguardia y en El Mundo. Director de e-notícies durante 23 años.
• • 07/07/2026 19:00
  • Actualizado: 07/07/2026 19:00

La Generalitat tiene más de 200 chiringuitos entre entidades autónomas, empresas públicas, consorcios y fundaciones. Si a ello sumamos en los que participa —de manera minoritaria o compartida con otras administraciones—, roza las 500.

Pero faltaba uno: el Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos, que se aprobó el pasado miércoles con los votos de PSC, Junts, ERC, Comunes y la CUP. Es decir, digan lo que digan, la mayoría de gobierno. En Cataluña, la verdadera oposición es PP, Vox y Aliança.

El nuevo organismo tiene por objetivo «identificar, investigar, analizar e informar sobre las actividades de empresas públicas y privadas que operan en Cataluña en relación con su incidencia sobre los derechos humanos y la protección del medio ambiente». Han leído bien.

Tendrá una Junta de Gobierno integrada por ocho miembros elegidos por el propio Parlamento a propuesta de un consejo asesor y otros tres designados por un gobierno autonómico. Además de, por supuesto, un director. Si cobra lo que cobran cargos equivalentes, su sueldo oscilará entre los 90.000 y los 120.000 euros anuales.

A la intensa actividad legislativa de sus señorías durante el último pleno hay que añadir también la moción presentada por los Comunes. Defendida con ahínco por el diputado de la formación Lluís Mijoler. El nombre completo es Medidas que hay que tomar para mitigar los efectos de la ola de calor y las altas temperaturas previstas para este verano como consecuencia del cambio climático.

La iniciativa defiende «incorporar la perspectiva feminista y de género» en la lucha contra el cambio climático, aunque, en su intervención inicial, no se atrevió a citar este punto. En cambio, en su turno de réplica, aludió a la «brecha de género térmica» entre hombres y mujeres. Han vuelto a leer bien.

El diputado en cuestión se quejaba de que, según estudios científicos, el aire acondicionado en espacios laborales tiene como referencia «un hombre de mediana edad, de entre setenta y ochenta kilos, que viste habitualmente traje y corbata». Pese a que no he visto esta indumentaria en la propia cámara legislativa, excepto en diputados de Vox y del PP.

Los partidos de la oposición se lo tomaron a cachondeo. La popular Eva García se quejó de que la política de la izquierda es siempre «más estrategias, más planes, más comisiones, más subcomisiones, más observatorios». Desde luego, siempre remunerados.

Mientras que Mónica Lora, de Vox, le espetó: «Ahora nos dicen que hay que proteger a los trabajadores de los sectores feminizados. Y claro, hablaban de la construcción y a mí me viene a la cabeza: ¿y los paletas? ¿Los repartidores? ¿Los operarios que están en las carreteras y en las calles o los trabajadores del campo?».

Hasta Rosa Maria Soberana, de Aliança Catalana, le recordó que el «cambio climático y el tiempo no tienen perspectiva de género». «Un golpe de calor se lleva a una mujer que vive sola en un cuarto piso, sin ascensor y sin aire acondicionado, que el paleta, el payés o cualquier trabajador que está en la calle a las cuatro de la tarde haciendo tareas de limpieza o de lo que sea», dijo.

En este caso se volvió a imponer el rodillo de gobierno que decíamos antes. Fue aprobado con los votos de PSC, Junts, ERC, Comunes y la CUP. El famoso seny de los catalanes (el sentido común) hace tiempo que ha desaparecido. Se fue al traste con el proceso. Cataluña no tiene remedio.